Responsabilidad penal de una empresa: qué conductas contempla la Ley 27.401

Una sociedad puede quedar involucrada en una investigación por hechos vinculados con la administración pública. La Ley 27.401 establece un régimen de responsabilidad penal para determinadas personas jurídicas privadas y ciertos delitos contra la administración pública.

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Imagen ilustrativa: Microscopic evidence yields huge success 150918-A-RT214-641.jpg. Autor: Staff Sgt. Patricia McMurphy · license in source page · Wikimedia Commons.

El alcance no comprende cualquier infracción

La ley no convierte toda irregularidad cometida en una empresa en responsabilidad penal de la persona jurídica. La acusación debe verificar que se trate de una entidad alcanzada, un delito incluido en el régimen y una conducta realizada en nombre, interés o beneficio de la organización en las condiciones legales.

La estructura corporativa puede ser compleja: filiales, contratistas, representantes y proveedores participan en una operación sin compartir conocimiento o control. La investigación debe establecer cómo se tomaron las decisiones y qué vínculo tuvo cada conducta con la compañía. El nombre de una sociedad en un contrato no prueba, por sí solo, que actuó con fines delictivos.

Documentación y controles internos

La evaluación suele incluir libros, autorizaciones, auditorías, comunicaciones y mecanismos de prevención. Un programa de integridad puede ser relevante en los términos previstos por la ley, pero no funciona como un certificado automático de inocencia. Hay que observar cómo se diseñó, qué riesgos identificó y si se aplicó realmente.

La empresa necesita preservar la documentación y asegurar que el análisis interno no altere el material que podría requerirse en el expediente penal. El orden de los registros permite reconstruir quién aprobó un pago y qué controles operaban en ese momento.

El régimen y sus condiciones deben revisarse en el texto vigente de la ley y en los hechos de cada investigación.

Ortiz Almonacid & Asociados — Abogados Penalistas  
Luciano Ortiz Almonacid · Buenos Aires, Argentina  
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El alcance no comprende cualquier infracción

La ley no convierte toda irregularidad cometida en una empresa en responsabilidad penal de la persona jurídica. La acusación debe verificar que se trate de una entidad alcanzada, un delito incluido en el régimen y una conducta realizada en nombre, interés o beneficio de la organización en las condiciones legales.

La estructura corporativa puede ser compleja: filiales, contratistas, representantes y proveedores participan en una operación sin compartir conocimiento o control. La investigación debe establecer cómo se tomaron las decisiones y qué vínculo tuvo cada conducta con la compañía. El nombre de una sociedad en un contrato no prueba, por sí solo, que actuó con fines delictivos.

Documentación y controles internos

La evaluación suele incluir libros, autorizaciones, auditorías, comunicaciones y mecanismos de prevención. Un programa de integridad puede ser relevante en los términos previstos por la ley, pero no funciona como un certificado automático de inocencia. Hay que observar cómo se diseñó, qué riesgos identificó y si se aplicó realmente.

La empresa necesita preservar la documentación y asegurar que el análisis interno no altere el material que podría requerirse en el expediente penal. El orden de los registros permite reconstruir quién aprobó un pago y qué controles operaban en ese momento.

El régimen y sus condiciones deben revisarse en el texto vigente de la ley y en los hechos de cada investigación.

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