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Estafa digital: qué hacer en los primeros momentos

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  Me vaciaron la cuenta: qué hacer en las primeras horas de una estafa bancaria y cuándo responde el banco Una transferencia que jamás se autorizó, la acreditación repentina de un préstamo preaprobado que nadie pidió o el vaciamiento de una cuenta a minutos de haber tocado un enlace o de haber atendido a un supuesto operador telefónico. La sensación inmediata es de vulnerabilidad y desconcierto. Frente a ese impacto, la reacción más común es el impulso de borrar todo: desinstalar las aplicaciones bancarias, eliminar las conversaciones, bloquear números y hasta restablecer el teléfono de fábrica. Ese impulso, por entendible que resulte, suele ser el peor error que se puede cometer. En materia de fraudes informáticos, lo que se haga o se deje de hacer durante las primeras horas condiciona las posibilidades reales de éxito de cualquier reclamo posterior. La evidencia digital es volátil: una conversación eliminada o un aparato formateado pueden significar la pérdida definitiva de la ...

Intermediarios y consultores: cómo se examina su actuación en una causa penal

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Los pagos a agentes, asesores o consultores pueden ser legítimos y, al mismo tiempo, requerir controles reforzados cuando participan en operaciones con el Estado. La investigación penal debe demostrar qué servicio se contrató y qué hizo cada persona. Imagen ilustrativa: RTL Aceso with iPhone attached.jpg . Autor: Tmorton166 · Public domain · Wikimedia Commons. El contrato no explica toda la relación Una factura puede acreditar que hubo un pago, pero no siempre revela el servicio realizado. La causa puede examinar el alcance del contrato, entregables, informes, reuniones, horas facturadas y personas que aprobaron la operación. Si la documentación es genérica, la falta de detalle puede generar preguntas que requieren una respuesta basada en hechos. La acusación debe evitar equiparar una comisión con un soborno sin revisar el destino del dinero y el conocimiento de quienes participaron. También debe identificar si el intermediario tenía relación con funcionarios y si prometió utilizar inf...

Preservación de documentos corporativos: qué hacer ante una investigación

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Cuando una empresa recibe una citación, una auditoría o una denuncia, la prioridad es conservar la información que puede permitir reconstruir decisiones. Una política improvisada de limpieza de archivos puede borrar evidencia relevante y generar sospechas. Imagen ilustrativa: Fingerprint-magnabrush.jpg . Autor: Daekow · license in source page · Wikimedia Commons. Suspender la eliminación rutinaria Los mensajes, facturas, contratos, libros societarios y registros digitales pueden tener ciclos automáticos de borrado. Ante una alerta razonable, la compañía debe identificar qué cuentas, áreas y períodos pueden estar vinculados y revisar si corresponde suspender temporalmente esa rutina. La retención debe ser proporcional: conservar todo indefinidamente también puede crear riesgos de privacidad y seguridad. Conviene designar responsables y dejar constancia de cuándo se ordenó preservar la información. La medida debe llegar a quienes administran servidores, correo, mensajería corporativa y a...

Investigación interna en una empresa: preservar la evidencia y respetar derechos

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Una alerta de fraude o de pagos indebidos puede llevar a una empresa a iniciar una revisión interna antes de que intervenga la justicia. Esa investigación requiere reglas claras para evitar destruir evidencia, invadir privacidad o anticipar conclusiones. Imagen ilustrativa: Combining forensic labs increases effectiveness, saves money DVIDS516319.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. Definir el alcance antes de revisar La empresa debe precisar qué ocurrió, qué unidades están involucradas y qué información necesita preservar. Los correos corporativos, documentos compartidos, registros de acceso y autorizaciones de pago pueden resultar relevantes. Antes de revisar comunicaciones o dispositivos, corresponde analizar las políticas internas, la legislación de privacidad y los derechos de las personas involucradas. Una pesquisa interna no debería partir de una conclusión cerrada. Las entrevistas deben distinguir hechos observados de inferencias y registrar tanto la información que...

Programa de integridad: por qué no alcanza con tener un manual

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Un código de conducta guardado en una carpeta no demuestra que una empresa haya prevenido riesgos penales. La utilidad de un programa de integridad depende de su relación con el negocio, la capacitación y la respuesta frente a alertas. Imagen ilustrativa: After the Door Is Kicked in DVIDS310043.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. El programa debe reflejar cómo opera la compañía La Ley 27.401 prevé programas de integridad con componentes que deben responder a las características de cada organización. Una empresa que contrata con el Estado enfrenta riesgos distintos de otra que opera solo en un mercado local. El diagnóstico, las autorizaciones y los controles deben adaptarse a esa realidad. El manual por sí solo puede quedar desconectado de las decisiones cotidianas. También importan la capacitación, la supervisión de intermediarios, la trazabilidad de pagos y un canal seguro para comunicar problemas. Si los incentivos internos premian una operación sin revisar cómo se con...

Empresa investigada y directivos: dos responsabilidades que deben analizarse por separado

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Cuando una causa penal alcanza a una compañía y a sus directivos, no existe una responsabilidad colectiva automática. La conducta de la persona jurídica y la intervención de cada individuo necesitan un análisis propio, aunque compartan parte de la evidencia. Imagen ilustrativa: Iraqi police officers use tape to pull fingerprints from an object during a training exercise at Camp Ramadi, Iraq, March 1, 2011 110301-A-TO648-013.jpg . Autor: Spc Gary Silverman · Public domain · Wikimedia Commons. El cargo no define el conocimiento Ser presidente, director o gerente no demuestra por sí mismo que una persona supiera de un pago o de un acuerdo irregular. Hay que identificar qué información recibió, qué facultades tenía, qué controles realizó y qué decisión tomó. Una firma puede expresar aprobación, pero su significado depende del documento, del circuito y del conocimiento de quien suscribió. La empresa, a su vez, puede ser investigada bajo el régimen legal correspondiente aunque no se haya acr...

Responsabilidad penal de una empresa: qué conductas contempla la Ley 27.401

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Una sociedad puede quedar involucrada en una investigación por hechos vinculados con la administración pública. La Ley 27.401 establece un régimen de responsabilidad penal para determinadas personas jurídicas privadas y ciertos delitos contra la administración pública. Imagen ilustrativa: Microscopic evidence yields huge success 150918-A-RT214-641.jpg . Autor: Staff Sgt. Patricia McMurphy · license in source page · Wikimedia Commons. El alcance no comprende cualquier infracción La ley no convierte toda irregularidad cometida en una empresa en responsabilidad penal de la persona jurídica. La acusación debe verificar que se trate de una entidad alcanzada, un delito incluido en el régimen y una conducta realizada en nombre, interés o beneficio de la organización en las condiciones legales. La estructura corporativa puede ser compleja: filiales, contratistas, representantes y proveedores participan en una operación sin compartir conocimiento o control. La investigación debe establecer cóm...

Inmunidades y proceso penal: qué protegen y cuáles son sus límites

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Algunas funciones públicas cuentan con protecciones constitucionales o legales destinadas a preservar el funcionamiento institucional. Esas reglas no deben confundirse con impunidad ni con una decisión sobre la responsabilidad penal. Imagen ilustrativa: CSI Afghanistan 131114-D-ZQ898-439.jpg . Autor: Ed Drohan · license in source page · Wikimedia Commons. La protección depende del cargo y del acto La inmunidad puede impedir ciertas medidas durante un período o exigir un procedimiento previo, pero su alcance varía según la función, el nivel de gobierno y la norma aplicable. No todas las personas que trabajan para el Estado tienen la misma protección, y no toda expresión o conducta queda cubierta. La investigación puede avanzar en la producción de prueba mientras se respetan los límites legales. También pueden existir procedimientos institucionales para habilitar la continuidad de determinadas medidas. La defensa debe verificar qué regla aplica y qué autoridad tiene competencia para actu...

Declaración de un funcionario investigado: garantías y estrategia

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La función pública no elimina las garantías constitucionales de quien es investigado. La persona tiene derecho a conocer qué hecho se le atribuye y a decidir, con asesoramiento, cómo ejercer su defensa. Imagen ilustrativa: An Iraqi Police officer learns how to properly bag and mark evidence as he collects it during a practical exercise on the final day of his sensitive site exploitation class at the at Ramadi Training Center 110302-A-CE832-175.jpg . Autor: SSG Tanya Thomas · Public domain · Wikimedia Commons. Separar la función del hecho imputado La causa debe precisar qué acción u omisión se atribuye y en qué momento. La jerarquía, el partido político o el área de trabajo no son sustitutos de la conducta individual. Antes de declarar, es necesario conocer la imputación, el expediente disponible y qué documentos respaldan la hipótesis. En investigaciones complejas, una decisión suele atravesar equipos técnicos, asesorías y autoridades de firma. La defensa necesita reconstruir quién rec...

Investigación administrativa y causa penal: cómo se relacionan

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Un expediente disciplinario y una causa penal pueden examinar los mismos hechos, pero cumplen funciones distintas. La existencia de uno no determina automáticamente qué ocurrirá en el otro ni convierte una sanción administrativa en una condena criminal. Imagen ilustrativa: JEFF Leaves Fingerprint on Iraq DVIDS265907.jpg . Autor: SSG Daniel Yarnall · license in source page · Wikimedia Commons. Objetivos y estándares diferentes La administración puede investigar si una persona incumplió deberes de su cargo, mientras que el proceso penal decide si se cometió un delito y quién es responsable. Cambian las normas, las autoridades, la prueba requerida y las consecuencias. Una misma conducta puede generar ambos procedimientos, solo uno o ninguno, según la evidencia y el marco legal. Los informes internos pueden incorporarse a una investigación penal, pero deben revisarse su metodología y las garantías con que se obtuvieron. Una conclusión disciplinaria no sustituye la prueba que debe producirs...

Documento público cuestionado: firma, competencia y contenido

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Una firma auténtica no resuelve todas las preguntas sobre un documento estatal. En una investigación por falsedad o uso indebido, hay que separar quién lo emitió, qué facultades tenía y si el contenido refleja información verdadera. Imagen ilustrativa: Los Angeles Police Department officers at a crime scene in July 2007.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. La autenticidad tiene varias dimensiones El análisis puede abarcar si el soporte es genuino, si la firma corresponde a la persona, si quien suscribió tenía competencia y si los datos consignados eran exactos. Una irregularidad administrativa en el trámite no demuestra por sí sola que se haya falsificado el documento. También importa qué efectos estaba destinado a producir. La acusación debe identificar cuál afirmación considera falsa y qué evidencia demuestra esa falsedad. Si se trata de un registro digital, hay que conservar versiones, metadatos y registros de acceso. En papel, pueden ser relevantes los libros, los sell...

Incumplir un deber como funcionario: qué debe probar la acusación

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No toda demora estatal, respuesta incompleta o decisión administrativa configura un delito. Cuando se atribuye a un funcionario haber omitido un acto, es necesario identificar el deber concreto, su competencia y las razones por las que no actuó. Imagen ilustrativa: ICJ-CJI hearing 1.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. Competencia y posibilidad real La primera pregunta es quién debía realizar el acto según la ley, el reglamento o la distribución interna de funciones. En organismos grandes, una solicitud puede pasar por varias oficinas y requerir informes técnicos antes de una decisión. La existencia de una demora no determina quién tenía capacidad de actuar ni si la omisión fue deliberada. También hay que conocer qué información llegó al funcionario, cuándo la recibió y qué alternativas tenía. Una nota sin constancia de ingreso, un expediente incompleto o una consulta pendiente pueden explicar por qué no se adoptó una medida en el momento esperado. Distinguir demora, error...

Contratación pública bajo investigación: cómo se separa una irregularidad del delito

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Una licitación puede recibir observaciones, suspenderse o ser anulada por incumplimientos administrativos. La pesquisa penal debe dar un paso adicional y probar una conducta prohibida, sus responsables y el elemento subjetivo que exige cada figura. Imagen ilustrativa: Courtroom of the New York Court of Appeals.jpg . Autor: Daniel Case · CC BY-SA 3.0 · Licencia . Leer el expediente de punta a punta La contratación incluye pliegos, consultas, ofertas, dictámenes, adjudicación, entregas y pagos. Un precio superior al esperado puede justificar una auditoría, pero debe compararse con el objeto, el mercado de referencia, las urgencias y las condiciones del contrato. Una diferencia no prueba automáticamente un acuerdo criminal. La investigación debe establecer quién tuvo acceso a las ofertas, quién evaluó, qué información se compartió y cuándo se adoptaron las decisiones. Los vínculos entre participantes pueden ser relevantes, aunque no reemplazan la prueba de un pacto o beneficio indebido. T...

Tráfico de influencias: diferenciar una gestión de una intermediación ilícita

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Contactar a una autoridad, pedir información o acercar a las partes no constituye por sí solo tráfico de influencias. La figura exige analizar si alguien invocó o utilizó una influencia real o simulada para obtener un beneficio indebido en una decisión pública. Imagen ilustrativa: Courtroom 1.jpg . Autor: =2006025557LO09 |Permission= |other_versions= }} · Public domain · Wikimedia Commons. La relación con la decisión estatal Una investigación debe identificar qué resolución o acto se buscaba influir, quién tenía competencia para adoptarlo y qué ofrecimiento o beneficio existió. La mera cercanía con un funcionario, una reunión o una llamada no demuestra que se haya vendido una gestión ilegal. La evidencia debe mostrar para qué se usó la relación y cuál era el acuerdo. En ocasiones, una persona actúa como representante, asesora o intermediaria en una gestión permitida. El expediente debe distinguir ese trabajo de la promesa de torcer una decisión por medios indebidos. Importan los contra...

Cohecho: cuándo un pago se convierte en una imputación penal

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Una transferencia a una persona que trabaja en el Estado no define automáticamente un delito. La investigación de cohecho debe probar qué se ofreció o recibió, con qué finalidad y qué relación tenía con la función pública. Imagen ilustrativa: Beverley Guildhall Courtroom.jpg . Autor: Michael D Beckwith · license in source page · Wikimedia Commons. La finalidad del pago importa El Código Penal contempla distintas conductas vinculadas con ofrecer, prometer o entregar beneficios a un funcionario, y con su recepción a cambio de actos propios del cargo. La calificación requiere identificar a las personas que intervinieron, el beneficio, la expectativa o acto relacionado y la intención que puede inferirse de la evidencia. Una factura, un contrato o una reunión pueden integrar el contexto, pero no prueban por sí solos un acuerdo ilícito. También deben considerarse los servicios efectivamente prestados, las condiciones comerciales, la comunicación entre las partes y la explicación de la transf...

Abuso de autoridad: el cargo no alcanza para probar el delito

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La expresión “abuso de autoridad” aparece a menudo en debates públicos, pero su uso cotidiano no equivale a una imputación penal. La investigación debe precisar cuál fue el acto, qué regla se habría violado y qué responsabilidad personal se atribuye. Imagen ilustrativa: Crime Scene - Police Line Do Not Cross - Minneapolis Police Department (52842950145).jpg . Autor: Tony Webster · CC BY 2.0 · Licencia . La decisión debe examinarse con sus antecedentes El análisis requiere identificar la competencia del funcionario, el procedimiento aplicable y la información disponible al momento de resolver. Una decisión puede ser impugnable en sede administrativa sin que exista necesariamente una conducta delictiva. La ilegalidad penal exige encuadrar el acto en una figura vigente y demostrar los elementos objetivos y subjetivos que la ley establece. Importan las reglas de delegación, los dictámenes previos, las urgencias invocadas y la intervención de otras áreas. La firma de una resolución no muest...

Delito y decisión administrativa: por qué no son la misma discusión

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Una decisión estatal puede ser discutible, impopular o contraria a una norma administrativa sin constituir por eso un delito. Para pasar del reproche institucional a la responsabilidad penal se necesita identificar una conducta tipificada y probar sus elementos. Imagen ilustrativa: Courtroom shirehall.jpg . Autor: Lee Haywood from Wollaton, Nottingham, England · CC BY-SA 2.0 · Licencia . El derecho penal exige algo más que una irregularidad En la gestión pública conviven controles administrativos, responsabilidades patrimoniales y normas penales. Una contratación anulada o un expediente incompleto puede generar consecuencias, pero no define por sí mismo intención, perjuicio ni participación criminal. El análisis penal debe partir de una figura legal concreta y diferenciar un error, una negligencia y una decisión deliberada. La acusación debe explicar qué función tenía la persona, qué deber incumplió, qué hizo u omitió y qué evidencia demuestra el elemento subjetivo que exige el delito....

Calificación legal y hechos: el juez no puede condenar por una historia distinta

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En el proceso penal, la defensa debe conocer qué conducta se le atribuye para responder. Una discusión sobre el nombre jurídico puede corregirse en ciertas condiciones; una condena basada en hechos nuevos plantea un problema diferente. Imagen ilustrativa: Judicial Court Room.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. La acusación delimita la controversia La persona imputada tiene derecho a conocer con claridad el hecho, el tiempo, el lugar y la forma de intervención que se le atribuyen, con el grado de precisión que exige la etapa procesal. La defensa organiza su trabajo sobre esa base: busca registros, propone prueba y decide qué aspectos controvertir. Durante la causa pueden aparecer nuevas evidencias y cambiar la calificación legal. Ese cambio debe comunicarse de modo que la defensa pueda responder. Si la acusación incorpora un episodio, una víctima o una modalidad que no se discutió, no basta con presentarlo como un ajuste técnico. Qué revisar ante una variación Conviene com...

Varios hechos y una causa: concurso de delitos y calificación jurídica

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Cuando una investigación atribuye más de una conducta, la cantidad de hechos no determina automáticamente la cantidad de delitos. El tribunal debe analizar la relación entre episodios y aplicar las reglas de concurso previstas por la ley. Imagen ilustrativa: Muhammed Adel Abdul Gafoor marks an evidence bag during a crime scene exploitation training exercise at Al Asad Air Base, Iraq, July 6, 2011 110706-A-FO214-900.jpg . Autor: Spc. Kissta Feldner · Public domain · Wikimedia Commons. La unidad del hecho se analiza en contexto Dos acciones cercanas en el tiempo pueden constituir delitos distintos, formar parte de una misma figura o ser etapas de un único episodio. Importan el bien jurídico, la descripción legal, la intención y el grado de autonomía de cada conducta. La etiqueta que use la acusación no sustituye ese análisis. La cantidad de víctimas, objetos o transacciones puede ser relevante, pero no siempre resuelve la cuestión. También debe examinarse si cada episodio tuvo una decisi...

Acuerdo entre varias personas: qué prueba una decisión compartida

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En una causa con varios acusados, la coincidencia de conductas puede ser interpretada como un acuerdo. Pero una relación previa, una conversación o la presencia simultánea en un lugar no demuestran por sí solas un plan delictivo común. Imagen ilustrativa: Courtroom setting.jpg . Autor: Jeffrey Beall · license in source page · Wikimedia Commons. Inferir un plan exige conectar indicios La existencia de un acuerdo puede inferirse de hechos, aunque rara vez haya un documento que lo describa. La inferencia debe explicar cómo se relacionan las acciones, qué conocía cada participante y en qué momento se incorporó al plan. Los indicios pueden ser ambiguos: una llamada, un traslado o una transferencia también pueden responder a razones lícitas. Las comunicaciones deben leerse completas y dentro de su fecha y contexto. Un mensaje aislado puede perder sentido si no se conoce a quién estaba dirigido, qué se había hablado antes o qué ocurrió después. La traducción de abreviaturas y expresiones loca...

Omisión penal: cuándo no actuar puede generar responsabilidad

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En ciertos delitos, la discusión no gira en torno a una acción visible sino a la falta de una conducta que la ley esperaba. Para atribuir responsabilidad por omisión, hay que demostrar qué deber existía y qué podía hacer concretamente la persona. Imagen ilustrativa: Fingerprint Evidence (3326288985).jpg . Autor: frankieleon · license in source page · Wikimedia Commons. El deber de actuar debe tener una fuente No toda persona que conoce un peligro tiene el mismo deber jurídico de intervenir. El análisis puede depender de una obligación legal específica, una relación de cuidado, una función asumida o la creación previa de un riesgo. La acusación debe identificar esa fuente y explicar qué acción era exigible. También debe evaluar si la persona tenía capacidad material para realizarla y si su intervención podía evitar o reducir el resultado. La imposibilidad física, la falta de información o un peligro serio para quien debía actuar pueden alterar la valoración. La relación con el resultado...
Estudio jurídico · Derecho Penal
Ortiz Almonacid & Asociados
Asesoramiento y defensa penal
Consulta penal en CABA