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Estafa digital: qué hacer en los primeros momentos

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  Me vaciaron la cuenta: qué hacer en las primeras horas de una estafa bancaria y cuándo responde el banco Una transferencia que jamás se autorizó, la acreditación repentina de un préstamo preaprobado que nadie pidió o el vaciamiento de una cuenta a minutos de haber tocado un enlace o de haber atendido a un supuesto operador telefónico. La sensación inmediata es de vulnerabilidad y desconcierto. Frente a ese impacto, la reacción más común es el impulso de borrar todo: desinstalar las aplicaciones bancarias, eliminar las conversaciones, bloquear números y hasta restablecer el teléfono de fábrica. Ese impulso, por entendible que resulte, suele ser el peor error que se puede cometer. En materia de fraudes informáticos, lo que se haga o se deje de hacer durante las primeras horas condiciona las posibilidades reales de éxito de cualquier reclamo posterior. La evidencia digital es volátil: una conversación eliminada o un aparato formateado pueden significar la pérdida definitiva de la ...

Derechos de las víctimas en una causa penal: información, trato y participación

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El proceso penal no reduce a la víctima a una fuente de prueba. La legislación argentina reconoce derechos de información, protección y participación que deben ejercerse sin perder de vista la presunción de inocencia de la persona investigada. Imagen ilustrativa: Polisens mobila övervakning.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. Qué reconoce la ley La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos prevé, entre otros aspectos, recibir información sobre el estado del caso, ser tratada con respeto y solicitar medidas de protección. El alcance y la forma de ejercer esos derechos dependen del fuero, de la etapa y de las reglas locales. La persona puede pedir que se eviten esperas o contactos innecesarios, informar riesgos y consultar qué organismo tiene a cargo la investigación. Es útil conservar constancias de cada presentación y anotar fechas de entrevistas, citaciones y respuestas recibidas. Participar sin perder el enfoque La víctima puede evaluar, co...

Una causa penal y una crisis de reputación corporativa: cómo separar los planos

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Cuando una compañía queda bajo investigación, las decisiones legales conviven con la presión de clientes, empleados, medios e inversores. Una comunicación pública precipitada puede interferir con el proceso o exponer a personas que todavía no fueron escuchadas. Imagen ilustrativa: Police Station (1).jpg . Autor: =User:Magnus Manske |Permission= |other_versions= }} {{Object location|52.20250906|0.124192876}} <!--LOC--> =={{int:license-header}}== {{self|cc... · license in source page · Wikimedia Commons. El comunicado no reemplaza la defensa Un mensaje institucional debe distinguir qué hechos están confirmados, qué medidas internas se adoptaron y qué aspectos siguen bajo investigación. Afirmar que alguien es culpable o declarar que todo se aclaró puede ser incompatible con la evidencia disponible. También es riesgoso publicar nombres, correos o datos de clientes sin necesidad. La respuesta de prensa debería coordinarse con el equipo legal y con quienes administran la evidencia. Un ...

Colaborar con una investigación penal: decisiones que la empresa no debe improvisar

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Una empresa puede recibir un pedido de información, una citación o una orden de registro sin saber todavía si es testigo, víctima o investigada. Responder con rapidez es importante, pero primero debe conocer el alcance legal de la medida y quién tiene autoridad para actuar. Imagen ilustrativa: Cell Phone Forensics (6648550331).jpg . Autor: National Institute of Standards and Technology · license in source page · Wikimedia Commons. Leer el requerimiento antes de responder La solicitud debe identificar qué organismo la emitió, qué información requiere, el período y la base legal. Una orden judicial, un requerimiento fiscal y una consulta informal tienen alcances distintos. La compañía debe conservar el documento y verificar los canales de contacto para evitar entregar datos a quien no está autorizado. La respuesta no debería ser ni la entrega indiscriminada de toda la base ni una negativa automática. Puede haber datos de empleados, clientes o terceros protegidos por confidencialidad. La ...

Pagos de facilitación y regalos: cuándo una práctica comercial genera riesgo penal

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Una comida de trabajo, un obsequio o un pago acelerador pueden parecer parte de una costumbre comercial. Cuando interviene un funcionario, la finalidad y las reglas aplicables requieren un examen cuidadoso, no una explicación basada solo en que “siempre se hizo así”. Imagen ilustrativa: Polisens mobila kamerabevakning.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. El nombre no cambia la finalidad Llamar “gasto de representación”, “gestión” o “atención” a un pago no determina su naturaleza. La investigación puede mirar quién lo ofreció, quién lo recibió, su valor, el momento, la autorización interna y si se esperaba una decisión favorable. Un regalo de cortesía no es equivalente a una ventaja condicionada a un acto oficial. Las empresas suelen fijar límites, registrar obsequios y requerir aprobación previa para gastos vinculados con funcionarios. La existencia de una política ayuda a ordenar la conducta, pero también debe analizarse si se aplicó y si alguien la eludió. Documentar la ...

Canal de denuncias corporativo: recibir una alerta sin prejuzgar

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Un canal interno puede ser la primera señal de un pago irregular, un conflicto de interés o una presión indebida. La forma de recibir y tratar el reporte influye en la posibilidad de verificar los hechos y proteger a quienes participan. Imagen ilustrativa: Computer Investigations and Analysis Division (38997468562).jpg . license in source page · Wikimedia Commons. Confidencialidad y respuesta La organización debe explicar quién recibe las alertas, qué información se conserva y cómo se protege la identidad de la persona denunciante. La confidencialidad requiere límites claros: no siempre puede prometerse anonimato absoluto, especialmente si el reporte deriva en un proceso judicial o en una respuesta que afecte a otras personas. Toda denuncia merece una evaluación inicial imparcial. Un reporte anónimo puede contener datos verificables, pero también puede incluir errores o motivaciones personales. La empresa debe distinguir hechos concretos, documentos adjuntos, rumores y opiniones antes ...

Intermediarios y consultores: cómo se examina su actuación en una causa penal

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Los pagos a agentes, asesores o consultores pueden ser legítimos y, al mismo tiempo, requerir controles reforzados cuando participan en operaciones con el Estado. La investigación penal debe demostrar qué servicio se contrató y qué hizo cada persona. Imagen ilustrativa: RTL Aceso with iPhone attached.jpg . Autor: Tmorton166 · Public domain · Wikimedia Commons. El contrato no explica toda la relación Una factura puede acreditar que hubo un pago, pero no siempre revela el servicio realizado. La causa puede examinar el alcance del contrato, entregables, informes, reuniones, horas facturadas y personas que aprobaron la operación. Si la documentación es genérica, la falta de detalle puede generar preguntas que requieren una respuesta basada en hechos. La acusación debe evitar equiparar una comisión con un soborno sin revisar el destino del dinero y el conocimiento de quienes participaron. También debe identificar si el intermediario tenía relación con funcionarios y si prometió utilizar inf...

Preservación de documentos corporativos: qué hacer ante una investigación

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Cuando una empresa recibe una citación, una auditoría o una denuncia, la prioridad es conservar la información que puede permitir reconstruir decisiones. Una política improvisada de limpieza de archivos puede borrar evidencia relevante y generar sospechas. Imagen ilustrativa: Fingerprint-magnabrush.jpg . Autor: Daekow · license in source page · Wikimedia Commons. Suspender la eliminación rutinaria Los mensajes, facturas, contratos, libros societarios y registros digitales pueden tener ciclos automáticos de borrado. Ante una alerta razonable, la compañía debe identificar qué cuentas, áreas y períodos pueden estar vinculados y revisar si corresponde suspender temporalmente esa rutina. La retención debe ser proporcional: conservar todo indefinidamente también puede crear riesgos de privacidad y seguridad. Conviene designar responsables y dejar constancia de cuándo se ordenó preservar la información. La medida debe llegar a quienes administran servidores, correo, mensajería corporativa y a...

Investigación interna en una empresa: preservar la evidencia y respetar derechos

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Una alerta de fraude o de pagos indebidos puede llevar a una empresa a iniciar una revisión interna antes de que intervenga la justicia. Esa investigación requiere reglas claras para evitar destruir evidencia, invadir privacidad o anticipar conclusiones. Imagen ilustrativa: Combining forensic labs increases effectiveness, saves money DVIDS516319.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. Definir el alcance antes de revisar La empresa debe precisar qué ocurrió, qué unidades están involucradas y qué información necesita preservar. Los correos corporativos, documentos compartidos, registros de acceso y autorizaciones de pago pueden resultar relevantes. Antes de revisar comunicaciones o dispositivos, corresponde analizar las políticas internas, la legislación de privacidad y los derechos de las personas involucradas. Una pesquisa interna no debería partir de una conclusión cerrada. Las entrevistas deben distinguir hechos observados de inferencias y registrar tanto la información que...

Programa de integridad: por qué no alcanza con tener un manual

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Un código de conducta guardado en una carpeta no demuestra que una empresa haya prevenido riesgos penales. La utilidad de un programa de integridad depende de su relación con el negocio, la capacitación y la respuesta frente a alertas. Imagen ilustrativa: After the Door Is Kicked in DVIDS310043.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. El programa debe reflejar cómo opera la compañía La Ley 27.401 prevé programas de integridad con componentes que deben responder a las características de cada organización. Una empresa que contrata con el Estado enfrenta riesgos distintos de otra que opera solo en un mercado local. El diagnóstico, las autorizaciones y los controles deben adaptarse a esa realidad. El manual por sí solo puede quedar desconectado de las decisiones cotidianas. También importan la capacitación, la supervisión de intermediarios, la trazabilidad de pagos y un canal seguro para comunicar problemas. Si los incentivos internos premian una operación sin revisar cómo se con...

Empresa investigada y directivos: dos responsabilidades que deben analizarse por separado

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Cuando una causa penal alcanza a una compañía y a sus directivos, no existe una responsabilidad colectiva automática. La conducta de la persona jurídica y la intervención de cada individuo necesitan un análisis propio, aunque compartan parte de la evidencia. Imagen ilustrativa: Iraqi police officers use tape to pull fingerprints from an object during a training exercise at Camp Ramadi, Iraq, March 1, 2011 110301-A-TO648-013.jpg . Autor: Spc Gary Silverman · Public domain · Wikimedia Commons. El cargo no define el conocimiento Ser presidente, director o gerente no demuestra por sí mismo que una persona supiera de un pago o de un acuerdo irregular. Hay que identificar qué información recibió, qué facultades tenía, qué controles realizó y qué decisión tomó. Una firma puede expresar aprobación, pero su significado depende del documento, del circuito y del conocimiento de quien suscribió. La empresa, a su vez, puede ser investigada bajo el régimen legal correspondiente aunque no se haya acr...

Responsabilidad penal de una empresa: qué conductas contempla la Ley 27.401

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Una sociedad puede quedar involucrada en una investigación por hechos vinculados con la administración pública. La Ley 27.401 establece un régimen de responsabilidad penal para determinadas personas jurídicas privadas y ciertos delitos contra la administración pública. Imagen ilustrativa: Microscopic evidence yields huge success 150918-A-RT214-641.jpg . Autor: Staff Sgt. Patricia McMurphy · license in source page · Wikimedia Commons. El alcance no comprende cualquier infracción La ley no convierte toda irregularidad cometida en una empresa en responsabilidad penal de la persona jurídica. La acusación debe verificar que se trate de una entidad alcanzada, un delito incluido en el régimen y una conducta realizada en nombre, interés o beneficio de la organización en las condiciones legales. La estructura corporativa puede ser compleja: filiales, contratistas, representantes y proveedores participan en una operación sin compartir conocimiento o control. La investigación debe establecer cóm...

Inmunidades y proceso penal: qué protegen y cuáles son sus límites

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Algunas funciones públicas cuentan con protecciones constitucionales o legales destinadas a preservar el funcionamiento institucional. Esas reglas no deben confundirse con impunidad ni con una decisión sobre la responsabilidad penal. Imagen ilustrativa: CSI Afghanistan 131114-D-ZQ898-439.jpg . Autor: Ed Drohan · license in source page · Wikimedia Commons. La protección depende del cargo y del acto La inmunidad puede impedir ciertas medidas durante un período o exigir un procedimiento previo, pero su alcance varía según la función, el nivel de gobierno y la norma aplicable. No todas las personas que trabajan para el Estado tienen la misma protección, y no toda expresión o conducta queda cubierta. La investigación puede avanzar en la producción de prueba mientras se respetan los límites legales. También pueden existir procedimientos institucionales para habilitar la continuidad de determinadas medidas. La defensa debe verificar qué regla aplica y qué autoridad tiene competencia para actu...

Declaración de un funcionario investigado: garantías y estrategia

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La función pública no elimina las garantías constitucionales de quien es investigado. La persona tiene derecho a conocer qué hecho se le atribuye y a decidir, con asesoramiento, cómo ejercer su defensa. Imagen ilustrativa: An Iraqi Police officer learns how to properly bag and mark evidence as he collects it during a practical exercise on the final day of his sensitive site exploitation class at the at Ramadi Training Center 110302-A-CE832-175.jpg . Autor: SSG Tanya Thomas · Public domain · Wikimedia Commons. Separar la función del hecho imputado La causa debe precisar qué acción u omisión se atribuye y en qué momento. La jerarquía, el partido político o el área de trabajo no son sustitutos de la conducta individual. Antes de declarar, es necesario conocer la imputación, el expediente disponible y qué documentos respaldan la hipótesis. En investigaciones complejas, una decisión suele atravesar equipos técnicos, asesorías y autoridades de firma. La defensa necesita reconstruir quién rec...

Investigación administrativa y causa penal: cómo se relacionan

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Un expediente disciplinario y una causa penal pueden examinar los mismos hechos, pero cumplen funciones distintas. La existencia de uno no determina automáticamente qué ocurrirá en el otro ni convierte una sanción administrativa en una condena criminal. Imagen ilustrativa: JEFF Leaves Fingerprint on Iraq DVIDS265907.jpg . Autor: SSG Daniel Yarnall · license in source page · Wikimedia Commons. Objetivos y estándares diferentes La administración puede investigar si una persona incumplió deberes de su cargo, mientras que el proceso penal decide si se cometió un delito y quién es responsable. Cambian las normas, las autoridades, la prueba requerida y las consecuencias. Una misma conducta puede generar ambos procedimientos, solo uno o ninguno, según la evidencia y el marco legal. Los informes internos pueden incorporarse a una investigación penal, pero deben revisarse su metodología y las garantías con que se obtuvieron. Una conclusión disciplinaria no sustituye la prueba que debe producirs...

Documento público cuestionado: firma, competencia y contenido

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Una firma auténtica no resuelve todas las preguntas sobre un documento estatal. En una investigación por falsedad o uso indebido, hay que separar quién lo emitió, qué facultades tenía y si el contenido refleja información verdadera. Imagen ilustrativa: Los Angeles Police Department officers at a crime scene in July 2007.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. La autenticidad tiene varias dimensiones El análisis puede abarcar si el soporte es genuino, si la firma corresponde a la persona, si quien suscribió tenía competencia y si los datos consignados eran exactos. Una irregularidad administrativa en el trámite no demuestra por sí sola que se haya falsificado el documento. También importa qué efectos estaba destinado a producir. La acusación debe identificar cuál afirmación considera falsa y qué evidencia demuestra esa falsedad. Si se trata de un registro digital, hay que conservar versiones, metadatos y registros de acceso. En papel, pueden ser relevantes los libros, los sell...

Incumplir un deber como funcionario: qué debe probar la acusación

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No toda demora estatal, respuesta incompleta o decisión administrativa configura un delito. Cuando se atribuye a un funcionario haber omitido un acto, es necesario identificar el deber concreto, su competencia y las razones por las que no actuó. Imagen ilustrativa: ICJ-CJI hearing 1.jpg . license in source page · Wikimedia Commons. Competencia y posibilidad real La primera pregunta es quién debía realizar el acto según la ley, el reglamento o la distribución interna de funciones. En organismos grandes, una solicitud puede pasar por varias oficinas y requerir informes técnicos antes de una decisión. La existencia de una demora no determina quién tenía capacidad de actuar ni si la omisión fue deliberada. También hay que conocer qué información llegó al funcionario, cuándo la recibió y qué alternativas tenía. Una nota sin constancia de ingreso, un expediente incompleto o una consulta pendiente pueden explicar por qué no se adoptó una medida en el momento esperado. Distinguir demora, error...

Contratación pública bajo investigación: cómo se separa una irregularidad del delito

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Una licitación puede recibir observaciones, suspenderse o ser anulada por incumplimientos administrativos. La pesquisa penal debe dar un paso adicional y probar una conducta prohibida, sus responsables y el elemento subjetivo que exige cada figura. Imagen ilustrativa: Courtroom of the New York Court of Appeals.jpg . Autor: Daniel Case · CC BY-SA 3.0 · Licencia . Leer el expediente de punta a punta La contratación incluye pliegos, consultas, ofertas, dictámenes, adjudicación, entregas y pagos. Un precio superior al esperado puede justificar una auditoría, pero debe compararse con el objeto, el mercado de referencia, las urgencias y las condiciones del contrato. Una diferencia no prueba automáticamente un acuerdo criminal. La investigación debe establecer quién tuvo acceso a las ofertas, quién evaluó, qué información se compartió y cuándo se adoptaron las decisiones. Los vínculos entre participantes pueden ser relevantes, aunque no reemplazan la prueba de un pacto o beneficio indebido. T...

Tráfico de influencias: diferenciar una gestión de una intermediación ilícita

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Contactar a una autoridad, pedir información o acercar a las partes no constituye por sí solo tráfico de influencias. La figura exige analizar si alguien invocó o utilizó una influencia real o simulada para obtener un beneficio indebido en una decisión pública. Imagen ilustrativa: Courtroom 1.jpg . Autor: =2006025557LO09 |Permission= |other_versions= }} · Public domain · Wikimedia Commons. La relación con la decisión estatal Una investigación debe identificar qué resolución o acto se buscaba influir, quién tenía competencia para adoptarlo y qué ofrecimiento o beneficio existió. La mera cercanía con un funcionario, una reunión o una llamada no demuestra que se haya vendido una gestión ilegal. La evidencia debe mostrar para qué se usó la relación y cuál era el acuerdo. En ocasiones, una persona actúa como representante, asesora o intermediaria en una gestión permitida. El expediente debe distinguir ese trabajo de la promesa de torcer una decisión por medios indebidos. Importan los contra...

Cohecho: cuándo un pago se convierte en una imputación penal

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Una transferencia a una persona que trabaja en el Estado no define automáticamente un delito. La investigación de cohecho debe probar qué se ofreció o recibió, con qué finalidad y qué relación tenía con la función pública. Imagen ilustrativa: Beverley Guildhall Courtroom.jpg . Autor: Michael D Beckwith · license in source page · Wikimedia Commons. La finalidad del pago importa El Código Penal contempla distintas conductas vinculadas con ofrecer, prometer o entregar beneficios a un funcionario, y con su recepción a cambio de actos propios del cargo. La calificación requiere identificar a las personas que intervinieron, el beneficio, la expectativa o acto relacionado y la intención que puede inferirse de la evidencia. Una factura, un contrato o una reunión pueden integrar el contexto, pero no prueban por sí solos un acuerdo ilícito. También deben considerarse los servicios efectivamente prestados, las condiciones comerciales, la comunicación entre las partes y la explicación de la transf...

Abuso de autoridad: el cargo no alcanza para probar el delito

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La expresión “abuso de autoridad” aparece a menudo en debates públicos, pero su uso cotidiano no equivale a una imputación penal. La investigación debe precisar cuál fue el acto, qué regla se habría violado y qué responsabilidad personal se atribuye. Imagen ilustrativa: Crime Scene - Police Line Do Not Cross - Minneapolis Police Department (52842950145).jpg . Autor: Tony Webster · CC BY 2.0 · Licencia . La decisión debe examinarse con sus antecedentes El análisis requiere identificar la competencia del funcionario, el procedimiento aplicable y la información disponible al momento de resolver. Una decisión puede ser impugnable en sede administrativa sin que exista necesariamente una conducta delictiva. La ilegalidad penal exige encuadrar el acto en una figura vigente y demostrar los elementos objetivos y subjetivos que la ley establece. Importan las reglas de delegación, los dictámenes previos, las urgencias invocadas y la intervención de otras áreas. La firma de una resolución no muest...
Estudio jurídico · Derecho Penal
Ortiz Almonacid & Asociados
Asesoramiento y defensa penal
Consulta penal en CABA