El Blog del Abogado Penalista

Para la periodista Rusa, experta en Política de América Latina. Existen algunas particularidades del LawFare y su aplicación en América Latina. Son 8 pasos para consagrar la Guerra Judicial y el Derecho Penal del Enemigo. Es interesante que las repasemos una por una y veamos cuales son: Y que observemos el Caso Milagro Sala que por ejemplo es un calco de estos 8 puntos  por Inna Afinogenova @inafinogenova LOS 8  PUNTOS DEL LAWFARE 1) Reorganización del sistema Jurídico para desarrollar el Lawfare 2) Designación de Jueces vinculados a una Determinada parcialidad política 3) testigos poco fiables, que confiesan hechos, pero son absueltos de los cargos 4) acusación con ausencia de pruebas pero con implicación partidista  5) Gran impacto de los grandes medios de comunicación  6) Prensa que toma partido activamente en la causa judicial 7) Condena decidida de antemano  8) Terminé o no con sentencia firme, la finalidad del LawFare, es Aniquilación política del adversar...

En éste artículo de Gustavo Arballo, publicado en el prestigioso site chequeado.com, hace una definición sobre el término Lawfare, sus origines, y significado. Y hace una diferenciación acerca de lo que él considera LawFare y lo que no lo es. El autor en éste artículo define: "Un lawfare no se desarrolla en el vacío. Se desarrolla en estructuras, en organismos: Poderes Judiciales, Ministerios Públicos. Y no crece espontáneamente si se mantienen condiciones de asepsia institucional. De hecho, su desarrollo requiere y presupone que se den en cierto grado una conjunción posible de diversas circunstancias disfuncionales." Recomenamos su lectura y análisis Por Gustavo Arballo Lo cierto es que el término, bastante conocido últimamente en la prensa y en cierta literatura de análisis político, no tiene aún hoy un uso extendido en la doctrina jurídica. Veamos dos ejemplos, uno internacional y uno local, respectivamente. La expresión “lawfare” no aparece en la última edición de 2019 de...

En la causa "Muiña" la Corte Suprema de Justicia tuvo que resolver si era aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad los beneficios emergentes de la ley 24.390 (conocida como la ley del 2x1), vigente entre los años 1994 y 2001, la cual contemplaba que una vez transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva se computaban dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar efectivamente cumplido. La mayoría de la Corte Suprema consideró que para la resolución del caso debía invocarse el principio de retroactividad de la ley penal más benigna, y por ende, aplicarse la ley 24.390 aunque se tratara de un delito de lesa humanidad que en el supuesto de la desaparición forzada de personas es de carácter permanente. El argumento implícito en esta postura parte de la base de considerar que entre los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad no existe ninguna diferencia estructural que permita aplicar un régimen distinto en la ejecución de la pe...