Declarar o guardar silencio: cómo funciona el derecho a no autoincriminarse


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El silencio no equivale a una confesión: la abstención de declarar como garantía y estrategia defensiva

La Constitución Nacional es categórica en su artículo 18: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. En el marco de un proceso penal, la declaración de la persona imputada no es una prueba que la defensa deba producir para justificarse, sino un medio de defensa material. Puede elegir declarar, responder solo algunas preguntas o abstenerse por completo. Esta decisión es un derecho fundamental y no una señal de culpabilidad.

La carga de la prueba y la prohibición de presumir culpa Optar por el silencio no transforma la carga probatoria ni releva a la acusación de su deber de probar el caso. Es el Ministerio Público Fiscal quien debe sostener la imputación con evidencia legítima, objetiva y suficiente.

A menudo, tanto en la opinión pública como en los medios, se presenta el silencio como una conducta sospechosa, amparándose en el falso refrán de que "quien calla otorga". Esta lectura invierte y destruye la garantía constitucional de inocencia. El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente en su artículo 298 que el juez deberá informar al imputado que puede abstenerse de declarar y que el silencio no implicará una presunción de culpabilidad en su contra. De igual modo, el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en su artículo 162, resguarda este mismo principio frente al fiscal, garantizando que la negativa a declarar no generará ninguna presunción en contra del acusado.

La persona sometida a proceso no está obligada a construir la prueba de cargo que necesita el Estado, ni mucho menos a completar con sus palabras los vacíos de una investigación deficiente.

Cuándo puede convenir hablar Prestar declaración, ya sea en una indagatoria tradicional o en la audiencia de intimación de los hechos, puede ser útil si existe una versión precisa, comprobable y que resulte coherente con la evidencia objetiva ya conocida. También puede servir para aclarar una confusión inicial o proponer medidas de prueba que desvíen la acusación.

Sin embargo, una declaración apresurada, motivada por la ansiedad de recuperar la libertad y realizada sin un acceso previo al expediente, representa un riesgo enorme. Puede dar lugar a errores de memoria, contradicciones aparentes o la entrega de datos que luego la fiscalía interprete fuera de contexto para fortalecer su propia hipótesis.

La preparación de la defensa material La preparación de una declaración no consiste en memorizar una historia guionada. Consiste en que el abogado defensor analice junto a su cliente cuál es el hecho exacto que se le atribuye, qué elementos probatorios existen en su contra, qué aspectos son jurídicamente discutibles y qué riesgos reales presenta someterse a un interrogatorio.

La defensa técnica debe explicar detalladamente las consecuencias posibles de cada escenario, dejar absolutamente claro que no hay obligación legal de declarar y acordar una estrategia procesal que respete la voluntad del asistido. En este sentido, la ética profesional marca un límite inquebrantable: jamás deben inventarse explicaciones ni alterarse documentos para intentar "hacer coincidir" una versión.

En síntesis, la decisión de declarar debe tomarse de manera estratégica, analizando el contexto y conociendo a fondo la imputación y la evidencia disponible, sin permitir jamás que el ejercicio de un derecho constitucional sea utilizado como argumento de culpabilidad.

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