Estafa digital: qué hacer en los primeros momentos

 




Me vaciaron la cuenta: qué hacer en las primeras horas de una estafa bancaria y cuándo responde el banco

Una transferencia que jamás se autorizó, la acreditación repentina de un préstamo preaprobado que nadie pidió o el vaciamiento de una cuenta a minutos de haber tocado un enlace o de haber atendido a un supuesto operador telefónico. La sensación inmediata es de vulnerabilidad y desconcierto. Frente a ese impacto, la reacción más común es el impulso de borrar todo: desinstalar las aplicaciones bancarias, eliminar las conversaciones, bloquear números y hasta restablecer el teléfono de fábrica.

Ese impulso, por entendible que resulte, suele ser el peor error que se puede cometer. En materia de fraudes informáticos, lo que se haga o se deje de hacer durante las primeras horas condiciona las posibilidades reales de éxito de cualquier reclamo posterior. La evidencia digital es volátil: una conversación eliminada o un aparato formateado pueden significar la pérdida definitiva de la prueba que un perito necesita para reconstruir la maniobra, acreditar el engaño o fundar la responsabilidad del banco.

Las medidas urgentes, sin alterar la prueba

La primera regla es no destruir nada. No hay que borrar los chats de WhatsApp o Telegram, los SMS ni los correos recibidos, por más que provengan de los atacantes. Tampoco los historiales de llamadas ni las aplicaciones del teléfono. Esos registros guardan identificadores técnicos, direcciones web, perfiles falsos, remitentes y marcas temporales que permiten rastrear el origen de la comunicación.

En paralelo, hay que documentar cada operación desconocida. Conviene descargar desde la plataforma bancaria los comprobantes y movimientos, verificando que consten fecha y hora exactas, montos, cuentas de destino con su CBU, CVU o alias, y la entidad receptora. Cuanto más preciso sea el dato del destino inmediato del dinero, más rápido podrá la fiscalía pedir medidas de aseguramiento.

El contacto con el banco o la billetera virtual debe ser inmediato y solo por sus canales oficiales. Hay que manifestar de manera inequívoca que se desconocen esas operaciones, pedir el bloqueo preventivo de los canales electrónicos y anotar el número de reclamo, el horario y el nombre del operador. Si hubo varias transferencias, cada una debe individualizarse en el reclamo.

Ese reclamo telefónico conviene ratificarlo por escrito, por nota con sello de recepción en la sucursal o por carta documento. Allí se desconocen las operaciones y, si hubo un préstamo, se lo impugna expresamente y se intima al banco a no debitar cuotas ni informar la deuda a las centrales de riesgo.

El cambio de claves debe hacerse desde otro dispositivo confiable, nunca desde el equipo sospechado. Y no alcanza con la clave del home banking: los atacantes suelen tomar el correo electrónico asociado para interceptar los códigos de verificación. Hay que cambiar también la clave del mail, revisar que no existan reglas de reenvío automático a casillas desconocidas y actualizar los métodos de recuperación.

Finalmente, la denuncia penal. Una presentación que se limita a decir «me robaron plata por internet» suele perderse sin generar ninguna medida útil. Debe contener un relato cronológico claro, los datos precisos de las cuentas de destino y el pedido concreto de medidas urgentes: la inmovilización de los fondos remanentes y la preservación de los registros de conexión en los proveedores de telecomunicaciones.

Qué delito es

La maniobra encuadra, según el caso, en la estafa del artículo 172 del Código Penal o en la defraudación informática del artículo 173, inciso 16, que castiga a quien defrauda mediante la manipulación de un sistema informático o de la transmisión de datos. Puede concurrir el acceso ilegítimo a un sistema informático del artículo 153 bis.

La calificación incide en qué prueba pedir. En la defraudación informática lo central es reconstruir técnicamente cómo se accedió al sistema, y por eso los registros del banco y de las empresas de telecomunicaciones son decisivos.

El límite de las capturas de pantalla

Las capturas dan una falsa sensación de seguridad. Sirven para ilustrar lo ocurrido en una primera consulta, pero no sustituyen a la prueba digital original. Una captura es fácilmente editable y carece de los metadatos, los encabezados técnicos del correo y los registros que un informe pericial necesita.

El teléfono o la computadora comprometidos deben preservarse sin manipulaciones hasta que un perito pueda extraer la información con resguardo de la cadena de custodia. También hay que reunir lo que emite el propio banco: avisos de inicio de sesión desde ubicaciones inusuales, correos de alta de nuevos dispositivos, avisos de cambio de límites y mensajes con claves temporales recibidos durante el fraude.

El circuito del dinero y la velocidad de reacción

El dinero sustraído rara vez permanece en la primera cuenta receptora. Las organizaciones usan cuentas puente y billeteras a nombre de personas interpuestas, las llamadas «mulas», por las que dispersan los fondos en transferencias encadenadas o los convierten en criptoactivos en pocos minutos.

Por eso es crítico individualizar las cuentas de primer salto. Las medidas de embargo o inmovilización tienen una ventana de eficacia muy acotada. Con el paso de las horas el dinero atraviesa varias capas de intermediación, y su recuperación obliga a pedir informes a muchas entidades para reconstruir el recorrido.

Cuándo responde el banco

Uno de los mitos más perjudiciales sostiene que si el usuario entregó sus claves engañado por una página o un operador falsos, el banco queda libre de responsabilidad. Los tribunales civiles y comerciales han rechazado ese criterio en numerosos precedentes.

La relación entre el cliente y el banco es una relación de consumo, conforme los artículos 1092, 1093 y 1384 del Código Civil y Comercial. De allí se sigue el deber de seguridad del artículo 42 de la Constitución Nacional y del artículo 5 de la Ley 24.240, que alcanza a la plataforma digital que el banco pone a disposición. A eso se suma la responsabilidad objetiva por el riesgo del servicio del artículo 40 de la misma ley y por la actividad riesgosa del artículo 1757 del Código, y el deber de prevenir el daño del artículo 1710.

Hay además una regla probatoria decisiva. El artículo 53 de la Ley 24.240 obliga al proveedor a aportar toda la prueba que obre en su poder. Es el banco quien tiene los registros de conexión, las direcciones IP, los dispositivos utilizados y las alertas de su sistema, y es el banco quien debe explicar por qué sus controles no actuaron.

Las normas del Banco Central exigen a las entidades sistemas de monitoreo capaces de trazar el perfil habitual de cada cliente y de detectar desviaciones. Para los préstamos preaprobados otorgados por canales electrónicos, la reglamentación reforzó la exigencia de verificar fehacientemente la identidad de quien los solicita.

El precedente Ezquerra

Un antecedente de referencia es «Ezquerra, Graciela Beatriz c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ nulidad de contrato», causa 135.272, resuelta el 28 de diciembre de 2023 por la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata. La clienta había caído en una maniobra de phishing y facilitado involuntariamente sus credenciales. scba

La Cámara dejó sentado que el uso de las claves correctas por parte del estafador no agota el análisis. Las normas de seguridad bancaria exigen que los sistemas detecten anomalías manifiestas. En el caso, en un lapso ínfimo se habían generado nuevas credenciales, se había pedido y liquidado un préstamo ajeno a los movimientos históricos de la usuaria y se habían transferido todos los fondos a terceros sin vinculación previa. El banco no pudo desentenderse alegando la culpa exclusiva de la víctima cuando sus propios filtros no advirtieron una operatoria que rompía cualquier estándar de normalidad.

El criterio se mantuvo. El 29 de octubre de 2024, en un caso seguido por Mónica Beatriz Di Profio contra el mismo banco, la Cámara confirmó la nulidad de un préstamo y de un adelanto de haberes tomados durante una estafa. Entendió que la conducta de la clienta no bastaba para eximir al banco, y citó expresamente el precedente Ezquerra. scbascba

La discusión no se reduce entonces a la ingenuidad de la víctima. Lo que se examina es si la entidad proveyó una plataforma segura, si sus sistemas de detección se ajustaban a la normativa y por qué no se activó ningún bloqueo frente a operaciones manifiestamente irregulares.

Qué se puede reclamar

El reclamo contra el banco puede incluir la restitución de los fondos debitados y la nulidad del préstamo otorgado sin consentimiento real del titular, con el cese de los débitos de cuotas. También la rectificación de los informes ante las centrales de riesgo crediticio y la reparación del daño moral.

Cuando la conducta de la entidad revela grave desinterés por los derechos del cliente, puede pedirse además el daño punitivo del artículo 52 bis de la Ley 24.240.

Mientras tramita el juicio, puede solicitarse una medida cautelar para que el banco suspenda el cobro de las cuotas del préstamo impugnado y se abstenga de informar al cliente como deudor. Es una herramienta importante: evita que la víctima deba pagar un crédito que no pidió, o que quede inhabilitada en el sistema financiero durante los años que dure el proceso.

El proceso penal y el reclamo civil van por carriles distintos

Es habitual que la víctima espere que la causa penal resuelva también su problema patrimonial. Pero la justicia penal y el reclamo contra el banco persiguen finalidades distintas y avanzan de manera independiente.

El proceso penal busca identificar a los autores, sancionarlos e intentar recuperar el producto del delito. Las bandas usan identidades robadas, redes privadas virtuales y estructuras que demoran la individualización de los responsables.

Esa dificultad no impide el reclamo contra el banco o la billetera, que se apoya en sus obligaciones contractuales, en el riesgo de su actividad y en el incumplimiento de sus deberes de prevención. En Ezquerra, los jueces advirtieron que la investigación penal mostraba escasos avances, lo que reforzaba la necesidad de resolver la controversia en sede civil.

La víctima como querellante

En sede penal, la víctima no está obligada a esperar los tiempos de la fiscalía. Puede constituirse como querellante, figura prevista en el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación y en los códigos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Aun sin constituirse, la Ley 27.372 le reconoce el derecho a ser informada y escuchada.

Como querellante puede examinar las actuaciones, proponer medidas de prueba que la fiscalía haya omitido y controlar los peritajes informáticos. Puede también instar los pedidos de informes a bancos y empresas de telefonía antes de que los registros se eliminen, y sostener en audiencia las medidas cautelares sobre los fondos localizados.

En los delitos tecnológicos, la inacción y la demora favorecen la impunidad. Preservar la evidencia desde el primer minuto y encarar de forma coordinada la vía penal y el reclamo contra la entidad financiera hace la diferencia entre asumir la pérdida y obtener una respuesta judicial efectiva.

Estudio Ortiz Almonacid & Asociados — Abogados Penalistas

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