LA JUSTICIA NOS DIO LA RAZÓN: ¡IMPUTARON A LOS PREFECTOS QUE LIBERARON LA ZONA EL DÍA QUE MATARON A KEVIN! “Catorce meses para aceptar lo que sucedió” * Por Luciano Ortiz Almonacid, abogado de la familia, con apoyo del CELS. Ese 7 de septiembre de 2013, hubo más de 105 disparos de Uzi y FAL, en un tiroteo que duró más de tres horas y media, a 50 metros de una casilla de Prefectura y a 100 de una garita de Gendarmería, en Zavaleta. La mayoría de los disparos impactaron en el frente de la casa de Roxana, madre de Kevin, que intentaba proteger a su familia de la salvaje balacera, mientras su hijo de 9 años se acurrucaba debajo de una mesa, temblando del miedo. Una de esas balas dio en su cabeza, y le quitó la vida. Momentos antes, los vecinos del barrio habían realizado NADA MENOS QUE 9 LLAMADOS DESESPERADOS AL SISTEMA 911, que no sólo alertaban sobre el infernal tiroteo, sino que además remarcaban la increíble inacción por parte de las Fuerzas de Seguridad, ante el brutal enfrentamiento. “Por favor vengan”, rogaba uno de ellos. En simultáneo a esos pedidos de auxilio, los oficiales que arribaban en los móviles de Gendarmería y Prefectura modulaban por radio afirmaciones imposibles de justificar, como “negativo detonaciones” o “panorama normal”, recordándonos lo más nefasto de nuestra historia, puesto que claramente dejaron la “zona liberada”, para facilitar la comisión del delito que tenían frente a sus ojos. La Justicia direccionó la investigación intentando individualizar sólo a los autores de los disparos, en la causa 48025/2013 que se tramitó en el Juzgado de Instrucción 41 y que ahora se encuentra en trámite, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 25 de la Capital Federal. No obstante, el 25 de septiembre de 2013, cuando tomaba los testimonios de los testigos, el juez de Instrucción Hernán López notó que podía estar frente a un delito que involucraba a las Fuerzas de Seguridad, tal como todos los familiares y amigos lo expresaron desde un primer momento, a través de “La Garganta”. Y fue así que remitió testimonios de la causa a la Cámara, para que sorteara el Juzgado, siendo elegido el Juzgado Correccional Nro. 14, pero el Juez de ese juzgado delegó la Instrucción en la Fiscalía a tenor del art.196 del Código Procesal Penal. Pues bien, desde que fue recibida la causa en la Fiscalía del Distrital de Pompeya, el 4 de octubre de 2013, no se había realizado ninguna medida de prueba: no había imputados y ni siquiera se había ordenado que le tomaran declaración a los testigos... Frente a esa inacción, iniciamos un trabajo incansable junto a toda “La Poderosa” y el esfuerzo admirable de la familia, aportando pruebas, haciendo presentaciones judiciales y pidiendo el listado completo de los Prefectos y Gendarmes que ese día decidieron retirarse del lugar. Ante tantas evidencias inocultables, pedimos ser parte querellante en el expediente y el Juez de manera arbitraria nos lo denegó. Apelamos, fuimos a Cámara y la sala 7ma. nos dio la razón, el último 7 de julio. Desde entonces, le insistimos al Fiscal para que avanzara en la investigación y en la declaración indagatoria, pero la causa seguía sin imputados: sólo pruebas, dormidas en la Fiscalía. Tras una importantísima movilización al Ministerio de Seguridad en el aniversario del asesinato de Kevin y con la publicación de los llamados al 911 en La Garganta Poderosa, SEIS MESES DESPUÉS DE HABÉRSELO SOLICITADO, el Fiscal Giménez le requirió a Gendarmería y Prefectura el listado de sus miembros abocados ese día a ese lugar. Y con más fuerza todavía, volvimos a exhortar el llamado a indagatoria de los culpables, desde una presentación que hizo la madre este 22 de octubre, cuando además le solicitamos al Fiscal que, si no estaba de acuerdo con la indagatoria de los responsables, le remitiera el expediente al Juzgado Correccional. Hoy, después de un año y dos meses de haber cajoneado el expediente, el Fiscal Giménez finalmente nos dio la razón: le pidió al Juez Correccional que les reciba declaración indagatoria a 7 oficiales de Prefectura. Y sí, ahora su pedido acompaña lo solicitado por nosotros, pero también evidencia el desinterés de la Justicia, desidia que sólo pudo doblegarse gracias al trabajo determinante de los vecinos que conforman “La Poderosa”, denunciando la verdad, desnudando lo que se estaba intentando ocultar y soportando todo tipo de amedrentamientos, tal como lo hicieron los familiares y amigos de Luciano Arruga. Porque ambos casos, como el Cristian Ferreyra, el de Jorge Julio López o el de Fernando Carrera, exponen cómo el Estado abandona a los más pobres, de cara a esas Fuerzas de Seguridad que no sabe controlar. Y frente a eso, la única respuesta posible nació en Zavaleta, con el grito de Kevin: CONTROL POPULAR Y DEMOCRÁTICO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.
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