domingo, 16 de febrero de 2020

LOS PRINCIPIOS DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS




Resolución ratificada durante la Asamblea General en Oporto, el 30 de octubre de 2018.


Preámbulo.
El abogado asesora. El abogado concilia. El abogado representa y defiende.
En una sociedad fundada en el respeto del derecho y de la justicia, el abogado aconseja a su
cliente en materia jurídica; examina la posibilidad y la oportunidad de alcanzar soluciones
amigables o de elegir un modo alternativo para la resolución de diferendos; asiste a su cliente
y le representa ante la justicia.
El abogado ejecuta su misión en interés de su cliente y con respeto a los derechos de las partes,
a las reglas de la profesión y en el marco de la ley.
En el transcurso de los años, cada Colegio de Abogados ha adoptado reglas deontológicas
propias que dan cuenta de las tradiciones, procedimientos y legislaciones nacionales o locales.
El abogado debe respetar estas reglas que, más allá de sus especificidades, se refieren a los
mismos valores de base que se recuerdan a continuación.

1 - Independencia del abogado y del Colegio.
Con el fin de asegurar plenamente su función de consejero y representante de su cliente, el
abogado debe ser independiente y preservar su independencia profesional e intelectual tanto
frente a los jueces, los poderes públicos, los intereses económicos como también frente a los
compañeros, al cliente mismo y a sus propios intereses.
La independencia del abogado está garantizada tanto por las jurisdicciones como por las
corporaciones profesionales, en función de las normativas nacionales o internacionales.
El cliente tiene derecho de libre elección de abogado, y éste último es libre de aceptar o no
una causa, salvo las excepciones previstas por la ley para asegurar la defensa de personas
carentes de medios económicos o para asegurar la regularidad de los procedimientos.

2 - Secreto profesional y confidencialidad.
El secreto profesional se incluye tradicionalmente como deber del abogado, éste consiste en no divulgar hechos confidenciales conocidos en el ejercicio de la profesión. Esta obligación tiene un fundamento moral y contractual (no traicionar la confianza debida al autor de una confidencia y la obligación aceptada a este respecto por el abogado, siquiera tácitamente, respecto de su cliente), tiene un fundamento deontológico (que deriva de la naturaleza de la profesión de abogado y que es su esencia misma) y tiene también una base legal de naturaleza variable. En ciertos países, la protección del secreto profesional es erigida al rango de norma constitucional; en otros, hace de ésta un principio de orden público, su violación es objeto de sanción penal; en otros, por último, es simplemente una obligación deontológica esencial del abogado.
Dependiendo de las jurisdicciones, el cliente puede, o no, relevar a su abogado del deber de secreto profesional.
Incluso en los países que hacen del secreto profesional un principio fundamental de interés público, existen excepciones que, según los casos, obligan o autorizan al abogado a comunicar una información protegida por el secreto profesional, singularmente en casos de peligro inminente de muerte o lesiones graves a una persona o un grupo de personas. En cualquier caso se recomienda vivamente al abogado que se encuentre en esa situación que solicite opinión, si esto es posible, de la autoridad corporativa competente (bâtonnier, síndico, decano o presidente del Colegio de Abogados, o comisión deontológica).

3 - Prohibición de conflictos de intereses.
Con el fin de respetar el secreto profesional y los principios de independencia y de lealtad, el abogado debe evitar los conflictos de interés. No puede actuar para dos o más clientes en un mismo asunto si existe conflicto o riesgo del mismo entre ellos. Del mismo modo, debe evitar actuar para un cliente si dispone de informaciones confidenciales obtenidas de otro cliente, antiguo o actual. De la misma manera, no puede utilizar en un caso informaciones recabadas en otro bajo el sello de la confianza.
En cualquier caso, el abogado no debe intervenir para un cliente cuyos intereses fueran contrarios a los del propio abogado o se confundieran con los mismos.
Si se produce un conflicto de intereses durante su intervención, el abogado debe poner término a su actuación en el caso.
La existencia de un conflicto de intereses se valora respecto del abogado, pero también de todos aquellos con el que éste trabaje en asociación, grupo o red.
Las modalidades de aplicación de este principio general se desarrollan en las leyes o reglas profesionales nacionales o locales. En caso de divergencia entre las mismas en el supuesto de un litigio o de un asunto transfronterizo, será la ley o la regla más restrictiva la que debe aplicarse.

4 - Competencia profesional.
El abogado no puede ejercer adecuadamente su profesión sin disponer de una formación profesional apropiada que debe adquirir, mantener y desarrollar a todo lo largo de su carrera.
El abogado sólo puede aceptar intervenir en los ámbitos que conoce, o en cualesquiera otras materias, jurídicas o no, en las cuales se valga de compañeros o de expertos, después de advertir a su cliente.
5 - Dignidad, probidad, lealtad y diligencia.
El abogado debe ser digno de la confianza en él depositada respetando estos principios. No debe de actuar nunca dañando su reputación ni el prestigio de la profesión en su conjunto o la confianza pública en la profesión.
El abogado no debe en ningún caso colaborar en la realización por su cliente o por un tercero de un acto ilegal, penalmente sancionado o constitutivo de fraude fiscal.
6 - Compañerismo.
En interés de una buena administración de justicia, el abogado debe respetar las reglas de la profesión manteniendo con sus compañeros un clima de confianza, de lealtad, y de cooperación, pero consciente de que debe actuar siempre en la mejor defensa de los intereses de su cliente.
Dependiendo de las jurisdicciones, la correspondencia entre abogados es oficial, salvo excepciones, o confidencial, salvo excepciones. El abogado debe respetar las reglas de su Colegio. Cuando mantenga correspondencia con un compañero de otra jurisdicción, su correspondencia es en principio oficial. Si quiere asegurar el carácter confidencial de la correspondencia, debe previamente contrastar la posibilidad para su compañero de respetar el carácter confidencial de la correspondencia y obtener su acuerdo expreso a este respecto.

7 - Contribución a una buena administración de justicia y el respeto al Estado de derecho.
Al tiempo que demuestra respeto y lealtad hacia el juez, el abogado defiende a su cliente con toda libertad cumpliendo las reglas de procedimiento y los usos en vigor ante la jurisdicción competente y no debe dar jamás conscientemente al juez - ni a nadie - una información falsa o de tal naturaleza que induzca a error.
8 - Derecho a una justa remuneración.
El abogado tiene derecho a percibir honorarios y al reembolso de los gastos producidos en el ámbito de su actividad profesional. Estos honorarios y gastos son fijados de común acuerdo con el cliente, de conformidad a la ley y a las reglas deontológicas a las que el abogado se encuentra obligado.
Al inicio de la representación, el abogado debe informar al cliente si éste puede beneficiarse de asistencia jurídica gratuita.
De forma general, el abogado ofrece al cliente consejos en cuanto a la gestión del expediente en función del coste del asunto, y especialmente intentando buscar una eventual solución amistosa o sugiriendo la posibilidad de recurrir a modos alternativos de arreglo de controversias.
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MEMORANDO EXPLICATIVO
El presente memorando es obra del subcomité encargado de la redacción de los principios esenciales de la profesión, con el objetivo de explicar e ilustrar estos principios redactados de forma sucinta y de ayudar a abogados y Colegios en la aplicación de los mismos, sin tener ninguna fuerza obligatoria.
Preámbulo.
Estos principios esenciales no han sido concebidos como un Código deontológico. No tienen vocación de constituir un texto con fuerza obligatoria. Constituyen únicamente la expresión de una base común de ideas del conjunto de los Colegios, y son al mismo tiempo una síntesis de las principales reglas nacionales e internacionales que rigen la profesión del abogado, y una meta a alcanzar en un Estado de derecho ideal.
El abogado asiste a su cliente y le representa.
Previamente a la aceptación de un encargo, al abogado le compete identificar a su cliente, prestando particular atención cuando el contacto no haya sido iniciado directamente por el cliente, así como cuando se trata de la asistencia a personas jurídicas o agrupaciones cuyos representantes legales y, en algunos casos, beneficiarios económicos, debe identificar.
Seguidamente debe obtener cuantas informaciones sean necesarias para asegurarse de que se encuentra en disposición de aportar al cliente toda la ayuda jurídica que pueda solicitar, con respeto de la ley.
El objetivo de la conciliación debe considerarse en el marco de la defensa de los intereses del cliente. Estos intereses implican ocasionalmente que se soliciten - incluso unilateralmente - medidas provisionales o conservatorias, o que se inicien procedimientos inmediatamente. Incluso en estos supuestos y en todo momento durante el desarrollo del proceso, el abogado tendrá presente la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en interés de su cliente.
La representación del cliente se ejerce en el marco de un litigio judicial ante los tribunales, y también en cualquier modalidad alternativa de resolución de conflictos, como por ejemplo en el ámbito de una mediación o de un arbitraje.

1 - Independencia del abogado y del Colegio.
A nivel mundial, la situación muestra contrastes extremos. Algunos países prohíben la actividad asalariada de un abogado dentro del despacho, otros la autorizan, y en muchos no se distingue entre actividad independiente y asalariada; en ciertos países, los juristas de empresa (in house counsels) se consideran abogados ejercientes colegiados; en otros países estos juristas no pueden colegiarse ni se consideran abogados; en ciertos países se admite la participación en el capital de las sociedades de abogados de terceros, en otros está prohibido. En todos estos casos, la independencia intelectual del abogado es un elemento esencial del ejercicio de la profesión.
El respeto de esta independencia se garantiza de dos maneras: ya sea por los jueces en los países en los que los contenciosos profesionales son competencia de jueces independientes, ya sea por las instituciones corporativas que son los Colegios que tienen competencias específicas en materia deontológica y disciplinaria. Estos dos sistemas no son, de hecho, excluyentes uno respecto del otro.
El principio de libre elección del abogado está relacionado con el de independencia ya que, si el cliente tiene en principio la libre elección del abogado, éste no se encuentra nunca obligado, como regla, a aceptar un caso. Las excepciones a este principio son de dos tipos: los diferentes sistemas de asistencia jurídica – gratuita - pueden imponer a un abogado un cliente necesitado y la mayor parte de los sistemas jurídicos prevén las designaciones de oficio por el juez o la autoridad colegial. En estos casos, salvo eventualmente por objeción de conciencia, el abogado debe intervenir quedando no obstante libre para elegir la manera en que asegure esta defensa.
2 - Secreto profesional y confidencialidad.
La materia relativa al secreto profesional es esencial y delicada. Ya desde un plano nacional, la abundancia de doctrina y decisiones jurisprudenciales demuestran la dificultad de analizar un principio que todos estiman esencial. Esta dificultad no hace sino incrementarse cuando traspasamos fronteras y llega al máximo cuando se confrontan las tradiciones jurídicas llamadas continentales (romano-germánicas) con las tradiciones anglosajonas. Las palabras mismas plantean problemas y pululan los falsos amigos en las traducciones.
La UIA respeta todos los sistemas jurídicos existentes. Esta no tiene ni la vocación, ni el poder de uniformizarlos. Sus miembros tienen, no obstante, la convicción de que, más allá de las diferencias - aparentes o reales - de concepto o de terminología, existe una base común que queda resumida más adelante en relación al segundo principio.
Por todo ello, queda patente el deseo de crear un órgano permanente que tome el encargo de establecer una base de datos que facilite documentación regularmente puesta al día sobre los principales textos legales, decisiones jurisprudenciales y artículos de doctrina, en relación a las convenciones y jurisdicciones internacionales.

3 - Prohibición del conflicto de interés.
El abogado previene y resuelve cualquier conflicto de intereses, y de forma general cualquier situación que pueda afectar su criterio profesional, su independencia o su lealtad en razón de intereses divergentes respecto de los de su cliente.
El abogado no puede intervenir para un cliente si, en razón de sus relaciones con otro cliente o antiguo cliente:
- el secreto profesional fuera quebrantado o existiera un riesgo serio de serlo;
- el abogado se viera obligado a utilizar informaciones pertenecientes a este otro cliente o antiguo cliente, salvo si dichas informaciones son del dominio público;
- el abogado pudiera pensar razonablemente que la existencia de estas relaciones afecta a su independencia de criterio o a la lealtad en relación a cualquiera de los clientes afectados.
- la ley o las reglas de la profesión lo prohíbe.
El abogado adopta procedimientos internos, adaptados a la dimensión de su despacho, destinados a identificar, cuando entra en relación con un nuevo cliente, la eventual existencia de un conflicto de intereses con otro cliente actual o pasado. El abogado evalúa el riesgo de conflicto de intereses en todo momento.
El abogado no puede aconsejar a varios clientes, si existe conflicto de intereses entre estos o riesgo serio de tal conflicto. Así, cuando redacte un contrato, debe indicar claramente para quien interviene sobre todo cuando las otras partes carecen de consejero. Si todas las partes le piden que redacte el contrato, puede hacerlo en ausencia de un conflicto de interés previsible; en este caso, debe permanecer neutral y facilitar a sus clientes observaciones objetivas y completas sobre el alcance de lo que redacta para ellos.
El abogado debe cesar de ocuparse de los asuntos de los clientes entre los que surja un conflicto de intereses.
Los abogados que ejercen su actividad en común, o que aparecen ante el público como ejerciendo su actividad en común se encuentran sometidos entre ellos a las mismas reglas de conflicto de intereses o de incompatibilidad que aquellos abogados que ejercen la profesión individualmente.
4 - Competencia profesional.
El abogado sólo puede realizar eficazmente su misión si ha seguido una formación profesional adaptada. El título requerido para el ejercicio de la profesión constituye a este respecto una exigencia legal mínima.

La complejidad creciente del derecho, el aumento incesante de las regulaciones de todo tipo y el incremento del ritmo de las modificaciones del derecho implican la necesidad de una formación permanente. Esta formación constituye una obligación profesional del abogado que frecuentemente organizan las instituciones colegiales, pero que le incumbe vigilar al abogado en toda circunstancia.
En cualquier caso ya no es posible para un abogado dominar todas las materias del derecho. Por ello, no puede aceptar un asunto si no dispone de formación para tratarlo, salvo que sea asistido por colegas o expertos, después de prevenir al cliente sobre ello.
5 - Dignidad, probidad, lealtad y diligencia.
Cada uno de estos principios constituye una regla de buen comportamiento.
El abogado debe ser digno de confianza. Éste no debe actuar de forma que dañe su reputación, la reputación de la profesión en su conjunto, o la confianza del público en la profesión.
Un comportamiento indigno puede dar lugar a sanciones que incluso, en los casos más graves, conlleven la exclusión de la profesión.
6 - Compañerismo.
El compañerismo va más allá de la necesaria cortesía, tan importante de mantener sobre todo en los litigios frecuentemente agresivos que pueden enfrentar a los clientes. El respeto mutuo entre los compañeros sirve en definitiva los intereses del cliente puesto que facilita una buena administración de justicia y puede ayudar a la resolución de conflictos.
Las relaciones entre abogados no deben interferir en los litigios que enfrentan a sus clientes.
Una serie de jurisdicciones adoptan el principio de confidencialidad de las comunicaciones y correspondencia entre abogados, con el objeto de ayudar al tratamiento o resolución de un litigio. Por otro lado, toda correspondencia entre abogados es en principio oficial. El abogado debe conformarse al principio aplicable en su jurisdicción. El abogado debe ser particularmente precavido en sus relaciones transfronterizas. En el seno del Consejo de los Colegios de Abogados europeos (CCBE) se aplica el artículo 5.3 del Código de deontología de los abogados europeos: la regla es el carácter oficial de la correspondencia, salvo acuerdo eventual sobre su confidencialidad. Fuera del CCBE no existe normativa que recoja regla alguna. La UIA sugiere la aplicación de la regla de conflicto de leyes adoptada por el CCBE.

7 - Contribución a una buena administración de justicia y respeto del Estado de derecho.
El principio enunciado es evidente: el abogado no debe jamás proporcionar conscientemente al juez - ni a nadie - informaciones erróneas o que induzcan a error.
Ulteriormente, sus obligaciones en relación a los tribunales varían en función de la naturaleza del procedimiento - acusatorio o inquisitorio - aplicable en su jurisdicción. En ciertos países, el abogado está obligado a facilitar al juez el conjunto de los precedentes favorables o desfavorables a su cliente; en otros no está obligado.
En todos estos procedimientos, pueden aparecer divergencias entre los intereses del cliente y los de la justicia planteando al abogado problemas delicados de resolver que debe decidir siendo consciente de que únicamente puede representar adecuadamente a un cliente si es digno de confianza como actor de una buena administración de justicia.
8 - Derecho a una justa remuneración
La fijación de honorarios debe responder a tres principios básicos:
- el abogado debe informar a su cliente de la forma de calcular los honorarios propuesta, para que el cliente pueda prestar una conformidad informada,
- el montante de los honorarios debe ser equitativo y justificado,
- los honorarios deben fijarse respetando el derecho y las reglas deontológicas.
Este último principio excluye, en ciertas jurisdicciones, los pactos de quota litis o cualquier forma de honorarios vinculados al resultado y permite en ocasiones al juez o a la autoridad colegial minorar los honorarios convenidos. En otros lugares el acuerdo de las partes es la ley.
El abogado deberá aplicar la regla local, teniendo en cuenta los tres principios que constituyen las reglas del buen comportamiento.

Fuente:https://www.uianet.org/sites/default/files/principios_esenciales_de_la_profession_de_abogado_-_final_porto.pdf

¡¿Qué república?!




05 de noviembre de 2017

Por Julio Maier


He opinado en contra del verdadero acoso a la Sra. Gils Carbó como Procuradora General de la Nación para que renuncie a su cargo, acción en la que se destacan el actual presidente de la Nación y su ministro de Justicia, pero en la que intervinieron también legisladores nacionales y colegas de oficio a quienes, según entiendo, poco les interesan las instituciones que, con cierto grado de reconocimiento universal, ha desarrollado pacientemente la república en la cual vivimos, hoy casi tan sólo un nombre propio que no se vincula a su vida política interna ni externa. Me explico sintéticamente: la historia del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en materia penal, depende de su nacimiento napoleónico como órgano de la administración y de su desarrollo por Estados democráticos hasta alcanzar un grado de autonomía y autarquía propios de la función judicial; precisamente le cabe a la crítica académica de nuestro país y a su legislación constitucional el gran mérito de haber elevado a regla constitucional esa autonomía del oficio, una de las bases argentinas y, por extensión, hispanoamericana del sistema republicano.


No soy amigo de la Sra. Gils Carbó ni la conocía antes de que asumiera el cargo de Procuradora General de la Nación, por ende, como jefa del Ministerio Público federal. Sólo la conocí en una reunión social, invitada a raíz de ese cargo, que -recuerdo para los desmemoriados- no se trató de un nombramiento originario, por decirlo de algún modo, sino, antes bien, de una designación en lugar de otra persona que no consiguió la aprobación legislativa (Senado de la Nación) del nombramiento del gobierno anterior, aparentemente en razón de que su curriculum vitae no alcanzaba el rango adecuado para el cargo. Me consta, sin embargo, que la Sra. Gils Carbó no militó políticamente y, menos aún, en la alianza que gobernaba antes de la actual y que su vida laboral transcurrió en el Poder Judicial. Me consta, entonces, que lo afirmado por el Sr. presidente de la Nación, su ministro y algún legislador es un verdadero embuste, impropio, al menos éticamente, de la función que cumplen.

Dicho esto, debo también decir que la renuncia de la Sra. Gils Carbó me lastima. Ello no se refiere a su persona, pues comprendo su conmoción y saturación frente al ataque que, por diferentes medios, ya alcanza a dos años, su cansancio ante imputaciones diarias de toda índole que no merecen respuesta y a las que la condición de ciudadana común, de a pie, pueden responder y sobrellevar sin sacrificios extremos. Mi queja se vincula al cargo que ella aceptó, que en ciertas ocasiones exige sacrificios personales y que no es posible abandonar sin justificación alguna. En efecto, la mentada esperanza de que el Ministerio Público Fiscal que contribuyó a formar sobreviva sin reformas de su autonomía conforme a la Constitución no sólo es una falsedad piadosa, pero mentira al fin y al cabo, sino que ha sido desmentida por la voz presidencial y por el ministro del ramo (¿?) aun antes de la renuncia.

No deseo unir esta queja a otros acontecimientos que lastiman aún más el tramo final de mi vida, pero no puedo menos que preguntarme, entre signos de admiración, qué tipo de Estado estamos viviendo, qué tipo de Estado nos espera y espera a nuestros hijos y nietos, y dónde quedaron las virtudes republicanas.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/73934-que-republica

sábado, 15 de febrero de 2020

EL TRASLADO DEL JUEZ MAHIQUES ES INCONSTITUCIONAL?




1. Mediante el dictado del Decreto 328/2017, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el traslado definitivo del juez Carlos Alberto Mahiques de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a la Sala II- Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal. Dicho acto viola la forma republicana  de gobierno y el principio de división de poderes (art. 1 de la Constitución argentina) y los art. 114 y 99.4 segundo párrafo de la Constitución argentina en cuanto establecen un único mecanismo de designaciones permanentes de juezas y jueces inferiores. El Decreto 328/2017 se basa en la Resolución 155/2000 del Consejo de la Magistratura que establece el Reglamento de Traslado de Jueces, la cual por las razones expuestas también es inconstitucional.

2. Oportunamente, ante la renuncia presentada por el magistrado Pedro Rubens David al cargo de juez de la Cámara Federal de Casación Penal (que fuera aceptada mediante el Decreto 250/2017), el 26 de abril de 2017 el magistrado Mahiques en su carácter de juez de  la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le solicitó al Consejo de la Magistratura ser trasladado y designado de forma permanente en el cargo vacante generado por la renuncia del juez David.

El día 28 de abril de 2017 debido a la consulta realizada por el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la Resolución 218/17. La mayoría del tribunal (compuesta por las juezas Ledesma y Figueroa y los jueces Hornos, Borinsky y Slokar) reafirmó el trámite constitucional de los concursos para cubrir las vacantes existentes (cinco cargos: cuatro concursados y uno sin concursar) y le solicitó al Consejo de la Magistratura que se expidiera sobre dicha propuesta para que posteriormente la Casación Federal pudiese emitir la opinión requerida. De esta manera, la mayoría fijó su postura ante la solicitud de traslado: las vacantes deben cubrirse de forma definitiva mediante los mecanismos previstos en la Constitución argentina. La minoría del tribunal (integrada por la jueza Catucci y los jueces Riggi y Gemignani) prestaron acuerdo al traslado solicitado sin brindar ningún fundamento normativo.                       

         El 4 de mayo de 2017, Consejo de la Magistratura mediante el dictado de la Resolución 129/2017 resolvió recomendar al Poder Ejecutivo Nacional la emisión de un Decreto disponiendo el traslado requerido. 

         La Resolución Nº 155/2000 del Consejo de la Magistratura regula el Reglamento de Traslado de Jueces frente a una vacante. Los requisitos que establece son los siguientes (art. 1):

         * No se haya resuelto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo. Esta condición no regirá cuando se trate de un mismo tribunal colegiado.

         * La vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción y tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa. Este requisito no será exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la función a la que pide su pase.

         * El magistrado peticionante tenga una antigüedad no menor a cuatro (4) años desde la fecha de posesión de su cargo.

         Como paso previo a la resolución de la petición de traslado, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura deberá requerir la pertinente opinión a la cámara de  apelaciones de la jurisdicción y una certificación al tribunal de origen sobre la antigüedad del cargo que ocupa (art. 4º). El dictamen de dicha Comisión deberá expedirse en términos de la conveniencia del traslado en pos de alcanzar la mayor eficacia del servicio de justicia (art. 3). Si el Plenario del Consejo de la Magistratura aprueba el traslado, las actuaciones serán remitidas al Poder Ejecutivo Nacional, con la recomendación de que emita el decreto pertinente (art. 5).          

         Los principales argumentos expuestos por el Plenario del Consejo de la Magistratura fueron los siguientes:

         * La jerarquía de los magistrados es idéntica, los tribunales comparten el mismo asiento territorial y la actividad procesal se encuentra regida por el mismo ordenamiento adjetivo.

         * La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal es la subrogante de la Cámara Federal de Casación Penal.        

         * La vacante solicitada no se encuentra concursada y no puede ser acumulada al concurso actualmente en trámite para cubrir cuatro (4) vacantes por cuanto conforme a la reglamentación vigente (esto es la Resolución CM 7/14) no se pueden tramitar concursos múltiples por encima de cuatro cargos.

     * El funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal no se vería afectado por cuanto es un tribunal de habilitación reciente y su integración está completa.

         * La minoría de la Cámara Federal de Casación Penal prestó su acuerdo y la mayoría del tribunal no se opuso expresamente.

       * La estrecha relación funcional de ambos tribunales permite prescindir del requisito de los cuatro (4) años de antigüedad en el cargo.

       * La intervención del Consejo de la Magistratura en materia de traslado se circunscribe a una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional, puesto que por imperio de lo previsto por la Constitución argentina, la decisión definitiva del traslado de un juez o jueza es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.                 

         El 5 de mayo de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la Resolución 236/17. La mayoría del tribunal (compuesta por las juezas Ledesma y Figueroa y los jueces  Borinsky y Slokar) sostuvo que ante el dictado de la Resolución CM 129/2017 deberá "observarse lo preceptuado por los artículos 114 inc. 1º y 2º y 99 inc. 4 segundo  párrafo de la Constitución nacional, las normas que reglamentan su ejercicio y -a todo evento- atender los artículos 16 y 118 del Reglamento para la Justicia Nacional". La minoría del tribunal (integrada por la jueza Catucci y los jueces Riggi y Gemignani) manifestaron que no correspondía emitir opinión alguna sobre lo decidido por el Consejo de la Magistratura.

         El 10 de mayo de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 328/2017 en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99.1 de la Constitución argentina (sic) y con el único y solitario refrendo del Ministro Garavano mediante el cual resolvió el traslado definitivo solicitado por el juez Mahiques.

      El 15 de mayo de 2017, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dictó la Acordada 5/2017 a través de la cual manifestó y acreditó que la Vocalía Nº 10 vacante a partir del traslado del juez Mahiques no se encuentra al día en su despacho, y que por ende, no es correcto lo manifestado por la considerando 2 de la Resolución 129/2017 cuando afirmó que la mencionada vocalía se encontraba sin demoras en la tramitación de los expedientes en curso. También expresaron que nunca fueron consultados por el Consejo de la Magistratura respecto del traslado concretado.

3. Ante una vacante del cargo de un juez o jueza de las instancias inferiores a la Corte Suprema de Justicia existen solamente dos mecanismos constitucionales habilitados. 

    El primero que implica una designación definitiva en el cargo, se concreta mediante el sistema profesional-político complejo establecido por los artículos 114 incisos 1 y 2 y 99.4 párrafo segundo de la Constitución argentina donde participan el Consejo de la Magistratura (sustanciado  concursos públicos y emitiendo ternas vinculantes), el Poder Ejecutivo (nombrando a uno de los ternados) y el Senado de la Nación (prestando acuerdo en sesión pública).

         El segundo que implica una designación transitoria en el cargo, opera a través del sistema de subrogación en los términos previstos por la Corte Suprema de Justicia en la causa "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad[1]

         No existe ningún otro mecanismo constitucional que permita cubrir una vacante del cargo de  juez o jueza, y mucho menos aún, hacerlo de forma definitiva. Por lo tanto, el sistema de traslado de jueces como mecanismo de designación definitiva es inconstitucional.

         El Decreto 328/2017 es formalmente nulo puesto que sólo fue refrendado por el Ministro Garavano y no lo fue por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el resto de los Ministros. El art. 100 de la Constitución argentina establece que el Jefe de Gabinete de Ministros y los demás Ministros "refrendarán" y "legalizarán" los "actos del presidente" por "medio de su firma sin cuyo requisito carecen de validez". En tanto que el art. 100.2 habilita al Jefe de Gabinete de Ministros a expedir los actos necesarios para ejercer las facultades que le delegue el Presidente con el solo refrendo del Ministro del ramo del cual el acto se refiera. Objetivamente, el Decreto 328/2017 es un acto del Presidente que no cumple con lo dispuesto por el art. 100 de la Constitución argentina.

         El  Decreto 328/2017 fue dictado por el Presidente de la Nación en ejercicio de la atribución prevista por el art. 99.1 de la Constitución argentina; esto es, el Presidente dispone un traslado de un juez para cubrir de forma definitiva un cargo vacante en su carácter de titular del Poder Ejecutivo y responsable político de la administración general del país, como si el juez trasladado fuese un empleado público del Poder Ejecutivo y no un integrante del Poder Judicial cuya administración se encuentra en cabeza del Consejo de la Magistratura quién debe garantizar la independencia del Poder Judicial tal como lo establece el art 114 de la Constitución argentina. De esta manera, la mencionada norma conculca la forma republicana de gobierno y el principio de división de poderes. En idéntica situación, se encuentra el art. 5 la Resolución 155/2000 del Consejo de la Magistratura cuando le otorga al Poder Ejecutivo la potestad definitiva exclusiva y excluyente de cubrir una vacante de juez o jueza de forma definitiva mediante un traslado.

4. Aún en el supuesto caso que se entendiese que el sistema de traslados vigente es constitucional, el juez Mahiques no cumple con varios de los requisitos exigidos. 

         En primer lugar, la justicia nacional penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es equiparable a la justicia federal penal. La Corte Suprema de Justicia en los casos "Corrales" y "Nisman" sostuvo que los tribunales federales no se equiparan a los tribunales nacionales puesto que estos últimos ostentan un carácter meramente transitorio. Los tribunales nacionales como tribunales locales se asemejan a los tribunales penales provinciales, con lo cual el traslado definitivo del juez Mahiques implica la conversión de un juez local o provincial en un juez federal.

         En segundo lugar, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal no es equiparable a la Cámara Federal de Casación Penal. La primera tiene una competencia exclusivamente local. La segunda titulariza una competencia federal de alcance nacional. El traslado definitivo del juez Mahiques implica una ampliación de jurisdicción mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

         En tercer lugar, el juez Mahiques no cumple con la antigüedad exigida de cuatro años en el cargo.

         Por último, el juez Mahiques no tenía al día el despacho en su tribunal de origen, lo cual genera una afectación de la prestación eficaz del servicio de justicia en dicho ámbito competencial

5._ La consolidación del mecanismo de designación permanente de jueces mediante traslado establecido por el Decreto 328/2017, es mucho más gravoso y dañino para el pleno funcionamiento del Estado constitucional y convencional de derecho argentino y la consolidación institucional del sistema democrático y republicano que el régimen de subrogancias impuesto por la ley 27.145 e impulsada por el gobierno anterior. 

    Indudablemente en nuestro país cada gobierno se las ingenia para profundizar el abismo institucional con un talento admirable que deriva en una degradación constante ¿Cambiamos? No empeoramos.     


[1] CSJN Fallos FLP 911672015/CA1-CS1, 4 de noviembre de 2015.

http://underconstitucional.blogspot.com.ar/2017/05/ley-27362-correccion-de-vacio-legal-o.html

ESCÁNDALO NACIONAL POR LOS SORTEOS TRUCHOS DE CAUSAS EN COMODORO PY



Por Ari Lijalad/Carla Pelliza
eldestapeweb.com

AL FINAL SE SUPO, PORQUE  BONADIO Y STORNELLI INTERVENÍAN EN LA MAYORÍA DE LAS CAUSAS CONTRA CFK

El sistema de sorteo de causas judiciales es vulnerable, no tiene controles y puede ser manipulado para que determinadas causas queden en manos de jueces y fiscales serviciales. Así lo reveló un informe reservado de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso El Destape.

Este informe reservado nace de un convenio entre el Consejo de la Magistratura y la AGN, firmado el 20 de diciembre de 2016. El objetivo fue un “Análisis del Sistema de Gestión Judicial, con especial hincapié en el procedimiento de sorteo de causas”. Las conclusiones a las que llega indican porqué nunca se dio a conocer su contenido y su carácter es reservado.

La AGN evaluó dos cuestiones: el sistema de gestión judicial en general y cómo es el sorteo de causas. Ambas instancias dejaron al descubierto la vulnerabilidad del sistema y cómo es posible manipularlo sin dejar rastro alguno.

El informe da cuenta de la discrecionalidad con la que operan los Administradores del sistema de asignación de causas judiciales. “El perfil administrador de oficina de asignación se encuentra habilitado a realizar acciones sensibles (como inhibir una serie de juzgados a la hora de realizar el sorteo, o reasignar una causa a otro juzgado, entre otras posibilidades ...), sin que el sistema le exija asentar adecuadamente la aprobación de instancias superiores”, dice el documento.

La AGN aseguró que “se pudo comprobar que el módulo de asignación de causas cuenta con una serie de funcionalidades sensibles en el sentido de que su utilización inapropiada puede sesgar el resultado de una asignación”. Entre esas maniobras para meter mano en los sorteos de las causas figuran, en forma textual:

- Existe un botón de “Ingreso Diferido”, que se podría utilizar para asignar una causa a un juzgado en particular sin realizar sorteo por sistema.

- Se verificó la existencia de la opción de “inhibir oficinas” por rubro, lo que permite sesgar el resultado de un sorteo (...) La misma opción está disponible en caso de reasignación de causas.

- El sistema permite asignar más de una bolilla por oficina de tal manera que cada oficina siga participando del próximo sorteo aun habiendo salido sorteada recientemente.

- Al pie de la pantalla de configuración de sorteo, se encuentra la lista de juzgados habilitados para el rubro. Es posible eliminar la lista y cargar un único juzgado. De este modo se puede asignar la causa a un juzgado en particular sin necesidad de inhibir al resto.

- Es posible resortear una causa un número indeterminado de veces sin que el sistema exija autorización de instancias superiores y sin que esta acción genere una alarma de auditoría.

Este punteo son simplemente algunos de los problemas que detectó la auditoria, que agregó que no hay “controles y autorizaciones sistematizadas, Logs de auditoría robustos, procedimientos de revisión periódicos ni alarmas activas ante eventos críticos”. En síntesis, un descontrol.

“Durante las tareas de campo, el perfil de administrador de oficina de asignación podía acceder a información crítica, como la cantidad de causas asignadas a cada juzgado, con el riesgo de que pudiera prever o aproximar el resultado del próximo sorteo”, agrega el informe.

De este modo, el administrador de la gestión de designación de causas puede realizar un sorteo entre un sólo juzgado, inhibir otros o eliminar la lista de los habilitados para participar del bolillero de forma discrecional y sin ningún tipo de control por instancias superiores.

EL ESTUDIO ORTIZ ALMONACID CONSOLIDA NUEVAS ALIANZAS ESTRATEGIAS CON ESTUDIOS DEL MERCOSUR,





En este caso, el estudio Advocacia Pescatori Galendi, firma de abogados brasileña, con sede en el estado de São Paulo, en las ciudades de Botucatu e Itatinga, tiene socios estratégicos en todo el mundo, también con sede en los Estados Unidos y Uruguay, con proyectos de expansión actuales especialmente dirigidos al MERCOSUR , con el fin de crear nuevas alianzas y asociaciones para el desarrollo del negocio legal proporcionado en Paraguay (julio / 2018), con los próximos eventos y reuniones del calendario 2018, en países vecinos, como Argentina (sep / 18) y Chile (nov / 18),

En cuestión el Asesor Jurídico Jurídico especialmente en Argentina, los profesionales del estudio ORTIZ ALMONACID - ABOGADOS PENALISTAS es una empresa de servicios jurídicos, con oficinas ubicadas en el Distrito de los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del obelisco y del Palacio. de justicia,

LAS 8 PARTICULARIDADES DEL LAWFARE EN AMÉRICA LATINA




Para la periodista Rusa, experta en Política de América Latina.

Existen algunas particularidades del LawFare y su aplicación en América Latina. Son 8 pasos para consagrar la Guerra Judicial y el Derecho Penal del Enemigo.

Es interesante que las repasemos una por una y veamos cuales son:
Y que observemos el Caso Milagro Sala que por ejemplo es un calco de estos 8 puntos


 por Inna Afinogenova

@inafinogenova

LOS 8  PUNTOS DEL LAWFARE

1) Reorganización del sistema Jurídico para desarrollar el Lawfare

2) Designación de Jueces vinculados a una Determinada parcialidad política

3) testigos poco fiables, que confiesan hechos, pero son absueltos de los cargos

4) acusación con ausencia de pruebas pero con implicación partidista 

5) Gran impacto de los grandes medios de comunicación 

6) Prensa que toma partido activamente en la causa judicial

7) Condena decidida de antemano 

8) Terminé o no con sentencia firme, la finalidad del LawFare, es Aniquilación política del adversario

https://www.youtube.com/watch?v=0muyRrfFhFwhttps://www.youtube.com/watch?v=0muyRrfFhFw

40 ASPECTOS VITALES QUE DEBERÍA TENER EN CUENTA UN MAGISTRADO ANTES DE DICTAR UNA SENTENCIA




En esta guía,  José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, expone aquí un catálogo de las 40 cosas que un juez sensato y sensible debe tener presente a la hora de dictar sentencia. 40 cosas aderezadas con castizos refranes.Que resultan singulares y particulares, pero que sin duda, son aplicables antes de dictar una norma individual, un acto de Gobierno, como lo es una Sentencia Judicial.

Esta es una gran brújula para Magistrados, a veces atareados, enfrascados en expedientes, con algunos prejuicios. Esta guía resulta una gran propuesta, un puntapié, para que los jueces puedan acercar sus fallos a los principios de verdad y justicia.-

Por José Ramón Chavez

1. No debo olvidar que soy humano. Ni soy Hércules ni un Quijote. Solo un empleado público en quien se deposita la confianza en un trabajo artesanal de identificar y aplicar la norma, y en su caso, verificar la realidad de unos hechos (“Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”).

2. No debo esperar el aplauso ni temer la crítica. Me pagan por sentenciar, no por alimentar o proteger mi ego. Debo recordar que el que gana un pleito suele ser ingrato ( se gana por mérito propio: del abogado victorioso) y el que pierde siempre está descontento (se pierde por culpa ajena: del juez); (“Haz el bien, sin mirar a quién”).

3. No hay litigio insoluble (“Quien busca, halla”).

4. No debo dejar de consultar y estudiar las normas y la jurisprudencia, mas allá de lo que las partes han expuesto en el pleito. (“Libro cerrado, no saca letrado”).

5. No debo dar por cierto todo lo que se afirma por los abogados envuelto en citas, leyes y sentencias ( “Un abogado listo, te hará creer lo que nunca has visto”).

6. No debo escatimar razones para convencer ( “Lo que mas trabajo cuesta, más dulce se muestra”).

7. No debo refugiar las razones del fallo en vacíos sobreentendidos: “Es notorio”, “ Va de suyo”, “Se desestima por su propia lógica”, “No hacen falta arabescos argumentales”, etc; ( “Meando claro y cagando recio, nadie te llamará necio”).

8. No debo precipitarme en sentenciar contrarreloj: el tiempo y esfuerzo de las partes requiere un mínimo de sosiego y reflexión (“Las prisas son malas consejeras”).

9. Tampoco debo dedicar todo mi tiempo y vida para elaborar cada sentencia, dando vueltas y revueltas sobre las posibles respuestas a cada cuestión, pues las sentencias como los melones, si maduran mucho, se pasan (“Quien mucho abarca, poco aprieta”).

10. No debo utilizar calificativos denigrantes de la argumentación de los abogados (“disparate”, “absurdo”, “torpe”,etc), y menos adjetivarlos (“manifiesto”, “patente”,”ostensible”…). Los abogados hacen su trabajo y los planteamientos arriesgados de hoy quizás sean acogidos por las sentencias del Supremo del mañana (“Errar es humano, perdonar es de sabios”).

11. No debo perder de vista la realidad por encima de formas, palabrería y leyes: “sentencia” tiene la misma raíz que “sentimiento” (“Será buena la fruta, si el juez de la vida disfruta”).

12. No confundir extensión con calidad (“Lo bueno si breve, dos veces bueno; y si malo, menos malo”).

13. No debo retrotraer las actuaciones si puedo resolver la cuestión de fondo y evitar pérdidas de tiempo, dinero e ilusiones (“Para ese viaje no hacían falta alforjas”).

14. No debo frivolizar con la imposición de las costas (nadie debe “ir por lana y volver trasquilado”).

15. No debo transcribir extensos fragmentos de sentencias de jurisprudencia hasta la náusea (“A buen entendedor, pocas palabras bastan”).

16. No debo dejar fallos judiciales abiertos que provoquen interminables incidentes de ejecución (no avalar la maldición gitana de “pleitos tengas y los ganes”)

17. No debo intentar contentar a todas las partes: el Derecho da o quita la razón pero no la hace divisible ni elástica. (“No se puede servir a dos señores a un tiempo y tener a cada uno contento”).

18. No bajes la guardia de la atención con la sola lectura de demanda y contestación, pues prueba y conclusiones pueden variar las opiniones. (“Hasta el rabo, todo es toro”).

19. No debo descuidar las formas y la extensión de la sentencia (“Con orden y medida, pasarás bien la vida”).

20. No debo dejar sin releer la sentencia antes de dictarla pues las erratas van mal con la solemnidad de una sentencia ( “Una guinda podre arruina el pastel”).

21. Si la cosa es discutible, o si tiene gran importancia, aunque se tenga un criterio forjado, hay que dejar enfriarlo para repensarlo (“casa con mala cara, consultarlo con la almohada”).

22. No tener reparo en cambiar  el proyecto de sentencia aunque esté muy avanzado, cuando se advierte un error, enfoque o razón mas claro, justo o correcto (“ Mejor volverse atrás que perderse por el camino”).

23. No cambies tu personal criterio por seguir la cómoda corriente de otros compañeros (“Lleva siempre tu camino, y no mires nunca el de tu vecino”).

24. No dejar que el temor reverencial del poder y los políticos condicionen el sentido de lo justo (“Quien con niños se acuesta, mojado se levanta”).

25. No intentes hacer sentencias exquisitamente redondas, exactas, infalibles y diamantinas pues en el sinuoso Derecho Administrativo, en el marco de un complejo proceso, buscar lo perfecto puede ser peor (“Lo mejor es enemigo de lo bueno”).

26. No hay que olvidar que me pagan por sentenciar (“Ya que aprendiste a cobrar, aprende también a trabajar”).

27. No olvidar que la intolerancia o soberbia que refleje la sentencia puede ser la misma que nos aplique un Tribunal superior en rango al revocar la propia ( “ A cada cerdo le llega su San Martín”).

28. No aproveches la sentencia para dar un varapalo a terceros o sentar doctrina académica ( “Agua que no has de beber, déjala correr”).

29. No dejes que tu atención se desvíe del auténtico foco conflictivo, y si la raíz del mal está en un reglamento o una ley, cuestiónalas con firmeza ( “ Muerto el perro, se acabó la rabia”).

30. No dejes que la adulación de un abogado te nuble la visión jurídica ( “La adulación es como la sombra: no hace mas grande ni mas pequeño”).

31.No respondas a la vehemencia o insolencia de un abogado con el mismo tono en sentencia (“A palabras necias, oídos sordos”).

32. No descalifiques con desdén o grosería en tu sentencia el criterio o sentencias de otros compañeros (“La ropa sucia se lava en casa”).

33. No escatimes la educación y el respeto en el uso de formas  y expresiones (“Lo cortés no quita lo valiente”).

34. No olvides que el Derecho no es una ciencia exacta y que el Ilustrísimo, la toga y el mazo no dotan de infalibilidad (“Aprendiz de mucho, Maestro de nada”).

35. No seas tan arrogante como para ignorar con ligereza la jurisprudencia consolidada (“Donde hay patrón, no manda marinero”).

36. No pasará a la historia tu sentencia, ni figurará tu nombre junto a Ulpiano o Mommsen. Los autos se archivarán, la sentencia será una gota de agua en el océano de la base de datos, las partes lo recordarán como una inundación pasada (los que ganan como algo que regó los campos y los que pierden como algo que los anegó), y los abogados seguirán su vida. (“ En el ajedrez el Rey y el Peón, van siempre al mismo cajón”).

37. No pienses que tu sentencia es firme e incuestionable (“El juez propone y el Tribunal Constitucional dispone”).

38. No vaciles en admitir la solicitud de “rectificación de errores” de sentencia o complemento del fallo, o nulidad de actuaciones (“A grandes males, grandes remedios”).

39. No por “fallar” con el “fallo” de la sentencia,  se acaba el mundo (“ Errando se aprende”).

40. No debo renegar de la sentencia que firmé (“Cada palo, aguante su vela”).

Pero sobre todo, me agrada un refrán de origen bíblico: “Con la vara que midas, serás medido” (Mateo 7,2).

Para terminar, y que se me perdone la licencia de incorporar refranes ilustrativos, citará un expresivo fragmento de El Quijote (Capítulo LXVII):

– Mira, Sancho -respondió Don Quijote-, yo traigo los refranes a propósito y vienen cuando los digo como anillo en el dedo; pero tráeslos tú tan por los cabellos, que los arrastras y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios; y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia.

LOS PRINCIPIOS DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS

Resolución ratificada durante la Asamblea General en Oporto, el 30 de octubre de 2018. Preámbulo. El abogado asesora. El abogado c...